Amnistía Internacional (AI) denunció que en Honduras persiste la impunidad por las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de Estado de 2009, y que durante el año pasado hubo muertos y desalojos forzosos por conflictos de tierras.
En su Informe 2012 divulgado en Londres, la organización defensora de los derechos humanos recuerda que, en abril de 2011, el Gobierno de Porfirio Lobo estableció una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo cometido era analizar los sucesos que desembocaron en el golpe de Estado de 2009.
La citada comisión reconoció que los acontecimientos que rodearon al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya constituyeron de hecho un golpe de Estado, durante el que se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, según AI, al finalizar el año 2011, "nadie había comparecido ante la justicia o había rendido cuentas por estas violaciones de derechos humanos".
A ello se añade que ningún miembro del poder judicial destituido "en actuaciones injustas del Gobierno de facto" había sido restituido en su cargo al concluir 2011.
La organización denuncia además en su informe la violencia con la que actuaron las fuerzas del orden durante los conflictos sobre la propiedad de tierras que hubo en varios departamentos del país entre campesinos y diversas empresas y terratenientes, que se saldaron con varios muertos y numerosos desalojos forzosos.
Esta situación ha llevado a que miles de familias campesinas se hayan quedado sin hogar o en peligro constante de desalojo, dice AI en el informe anual.
Amnistía Internacional critica asimismo que en Honduras siga vigente un decreto emitido en 2009 que penaliza el uso de "medidas de contracepción de emergencia para las mujeres y niñas cuyo método anticonceptivo hubiera fallado o que corrieran peligro de embarazo a consecuencia de coacción sexual".
Finalmente, la organización se hace eco de nuevas denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la policía, como es el caso de la muerte en octubre de dos estudiantes universitarios por disparos policiales.
