El Estado mexicano, además de ser muy inequitativo, es sumamente excluyente. Lejos estamos de cumplir el contrato social comprendido en la Constitución. Esto no es una posición ideológica. Los datos de pobreza, distribución del ingreso, acceso a la seguridad social, por citar algunos, dan cuenta de la cruda realidad.
¿En este contexto de adversidades para una gran mayoría, hay lugar para hablar de reformas fiscales que ven como un fin en sí el aumento de la recaudación de impuestos? La respuesta categórica a esta pregunta es no.
Sin embargo, al replantear el problema en términos de usar los distintos instrumentos para alcanzar un Estado más equitativo e incluyente, se abriría el espacio para construir soluciones que hoy es imposible lograr de seguir discutiendo sobre lugares comunes. En este sentido la pregunta sería: ¿Es posible renovar el pacto social para que todos los mexicanos tengan acceso a un sistema universal de protección social, y para ello utilizar como un instrumento a la hacienda pública?
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias presentó el jueves una propuesta en ese sentido. Empezó a difundirla con un grupo de cerca de 90 personas pertenecientes a los círculos de influencia política, económica y social en este país, quienes conocieron el proyecto: El México de 2012. Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social.
El diagnóstico es crudo: "sólo cerca de 12% de los jefes de hogar más pobres tiene acceso al IMSS y apenas 1.2% al ISSSTE, en contraposición, 42% de estos hogares más pobres son beneficiados por Oportunidades y más de 52% por el Seguro Popular. El 66% del total poblacional cuenta con cobertura de algún programa social".
En lo que se refiere a la parte de la hacienda pública cabe destacar: el gasto de operación de las funciones básicas del gobierno no alcanza a cubrirse con el pago de nuestros impuestos. Para lograr el equilibrio en el flujo de las finanzas públicas hay que echar mano de los ingresos petroleros y también del endeudamiento público. Esto equivale a deshacerse de una parte del patrimonio para vivir al día. Los ingresos petroleros, lejos de servir como un motor para el crecimiento económico, se han utilizado en los últimos 30 años para compensar la debilidad tributaria. En lugar de destinarlos a la inversión van primordialmente al consumo.
Por si no bastara, los subsidios generalizados a través de impuestos y precios y tarifas de bienes y servicios públicos los concentran los estratos de mayor ingreso. En contraste, los subsidios dirigidos que se han construido en los últimos 15 años sí están logrando llegar a los estratos de población de ingresos más bajos.
¿Se puede llevar al país a una mejor situación? El documento que cito afirma que sí es posible, y para ello precisamente hay que reformar de manera simultánea la hacienda pública y desarrollar un sistema de protección social universal.
De manera muy resumida la propuesta consiste en: cobertura universal de protección social -que incluye seguros de salud, vida e invalidez, pensión mínima de retiro y un ingreso- financiada por un sistema tributario sin regímenes especiales, tasas diferenciadas u otros privilegios, lo que permite darle sustento fiscal; eliminar los subsidios generalizados que se dan a través de precios y tarifas del sector público. Con este esquema de financiamiento, se dejaría de cobrar las cuotas obrero-patronales a la seguridad social, con lo cual se redefiniría la condición de informalidad de una gran parte de la población laboral.
En resumen, si se persiste en discutir la reforma fiscal como un fin en sí mismo, se continuará topando con pared. En cambio, si empezamos a construir soluciones a partir de diagnósticos que hacen uso responsable y sostenible de la hacienda pública, empezaremos a dar pasos importantes para lograr un país más justo y de mayor equidad.
Un nuevo pacto social para un Estado incluyente y más equitativo requiere garantizar de manera efectiva a todos los mexicanos un paquete de derechos sociales cuyo costo lo cubre una ciudadanía amplia que cumple con sus obligaciones fiscales, sin privilegios, sin exenciones y excepciones.
