El caso de Florence Cassez Crepin ha levantado una gran polémica no sólo en el medio judicial, sino también entre los sectores sociales, por las implicaciones del caso.
En términos generales mucha gente no acepta que una persona pueda quedar en libertad por tecnicismos legales, cuando hay testimonios de su culpabilidad.
Otros, los menos, admiten que "si hay violaciones sustanciales al procedimiento o a los derechos fundamentales del inculpado, la persona debe quedar en libertad".
Ahí es donde está la disyuntiva. ¿Por cuál inclinarse?
En el proyecto de resolución, que ya circula por la red, el ministro Arturo Zaldívar, analiza detalladamente esos aspectos procesales y concluye que, en razón de esas violaciones, debe dejarse en libertad a Florence.
Sus detractores, como decimos, sostienen que no puede liberarse a una persona sólo por esos detalles procesales, así como, que el precedente sería la oportunidad para que muchos delincuentes salieran de la cárcel.
Sin embargo, hoy más que nunca se apela en nuestro país a los principios de inocencia y debido proceso, esto es, una persona es inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad y en el proceso que se le instruya deben cumplirse las formalidades del procedimiento.
Todo el embrollo procesal se genera por el absurdo interés del gobierno y concretamente de la Policía Federal, de repetir, para la televisión, la forma en que habían detenido a los secuestradores. Ávidos de publicidad los federales alteraron elementos sustanciales del caso y cambiaron algunos hechos, además de incurrir en violaciones tan graves como no haber dado aviso oportuno a la embajada Francesa, para que mandaran a un abogado que asistiera a su connacional.
El razonamiento, frente a este último hecho es tan absurdo como que la Policía dice que: "hablaron a la embajada y no les contestaron", cuando cualquiera medianamente enterado sabe que en las páginas de Internet de las embajadas hay siempre un número para llamar en casos urgentes y no lo hicieron así, porque el abogado de la embajada se presentó 36 horas después de la detención.
El proyecto del ministro no dice que Florence sea inocente, sólo sostiene que hay violaciones graves a derechos fundamentales que invalidan el proceso.
Si los ministros de la sala penal la dejan libre, abrirán una gran puerta por la que pueden salir muchos delincuentes, porque en México el 90 por ciento de los procesos tiene graves deficiencias que los invalidan. Claro está que entre ellos irán culpables e inocentes, pues los Ministerios Públicos, son buenos para fabricar pruebas, que cuando el juez las desecha lo culpan de haber dejado libre a algún delincuente.
Pero si la dejan presa, violando esos derechos fundamentales, se habrán de convalidar esas prácticas violatorias, que son sistemáticas entre nosotros.
No es tan malo que la dejen libre, pues a ver si así aprendemos a hacer las cosas bien, a cuidar los procesos y le cerramos de una vez por todas las puertas a la ineficiencia, como sostiene mi amigo Javier Garza, senior.
La moneda está en el aire, pero para donde quiera que caiga, sentará un precedente que marcará un parteaguas en la historia jurídica de este país.
Por lo demás: "Hasta que nos volvamos a encontrar que Dios te guarde en le palma de Su mano".
