Búsqueda. Familiares de las víctimas del franquismo y activistas han realizado exhumaciones en diferentes puntos de España, en busca de los cuerpos de los desaparecidos.
Hilda Farfante, Silvia Navarro y Emilio Silva tienen algo en común. Sus padres y abuelos fueron de las 113 mil personas que murieron fusiladas por las huestes fascistas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Y los tres, 75 años después de la batalla, luchan por que se haga justicia. Por que se recuperen sus cuerpos, se honre su memoria, se anulen sus juicios y sus sentencias condenatorias y se castigue a los culpables.
Por eso, hace unos años pusieron una demanda en la Audiencia Nacional de Madrid en la que pedían que se investigara lo ocurrido. El juez Baltasar Garzón la aceptó. Ahora, los tres asisten espantados al juicio que enfrenta el magistrado, el único que se ha atrevido a investigar el pasado, quien ha sido acusado de prevaricación (dictar una sentencia falsa sabiendo que lo era) por declararse competente para juzgarlo.
Para los tres, el juicio a Garzón es una venganza y una prueba de que la democracia española "tiene los pies de barro". Mientras los cuerpos de miles de personas sigan enterrados en fosas comunes, alegan, no se habrá hecho justicia ni sanarán las heridas.
Hilda tenía 5 años cuando sus padres fueron fusilados, el 9 de septiembre de 1936, en un pueblecito de Asturias. Silvia Navarro, de 41, nunca conoció a tío abuelo, fusilado el 2 de septiembre de 1936 en Calatayud (Zaragoza, noreste de España), igual que Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que fue fusilado en un pueblo de León (este de España) el 16 de octubre de 1936. Estas son sus historias:
'NO SÉ POR QUÉ LOS FUSILARON'
Hilda tiene 79 años, pero su avanzada edad no le ha impedido estos últimos años buscar los restos de sus padres. Ambos, maestros republicanos, fueron fusilados por las milicias fascistas el 9 de septiembre de 1936 en el pueblo asturiano de Cangas de Narcea (norte de España). A su madre la enterraron en una cuneta; a su padre lo tiraron por un barranco lejos del pueblo, para que nunca encontraran sus restos. En su acta de defunción escribieron: "Hecho de guerra". Hilda todavía no entiende por qué los mataron. "No pertenecían a ningún partido político ni a ningún sindicato. Sólo eran maestros que cada día iban a trabajar". Por eso yo me sigo preguntando, tantos años después, quién lo hizo, por qué, y dónde están enterrados sus cuerpos".
Hace unos años, Hilda fue una de los familiares de víctimas del franquismo que presentó una demanda para que se investigaran los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura de Francisco Franco. El magistrado Baltasar Garzón la aceptó. "Durante muchos años vi cómo Garzón inculpaba a Pinochet, a los militares argentinos. Y yo pensaba: ¿Y nosotros qué? Por eso me alegré enormemente cuando aceptó nuestra demanda", relata. Ahora Hilda reconoce sentirse muy triste por el juicio de Garzón. "Él ha sido el único juez que nos ha escuchado, que nos ha hecho caso y que se ha atrevido a investigar lo que pasó", denuncia. "Y por eso lo denuncian, por buscar justicia", añade.
Durante 65 años, Hilda no regresó a su pueblo hasta que se enteró dónde podían estar enterrados sus padres.
Fue entonces que decidió volver. Con sus dos hermanas, de quienes la separaron tras la muerte de sus padres, y con picos y palas. Después de cavar en la ladera del cementerio durante varios días abandonaron la búsqueda. No los encontraron. Pero Hilda no se rinde. Asegura que seguirá luchando por encontrar los restos de sus padres y enterrarlos dignamente. Han pasado 75 años desde el comienzo de la Guerra Civil española y ella todavía no puede llevarles flores a su tumba.
'ENTRE HUESOS Y MADERA'
Por años, Silvia Navarro llevó flores a una tumba en la que no estaba su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma. Él había sido detenido en su casa al grito de "¡Viva Cristo rey!" por miembros de la Policía nacional, de la Policía municipal, de la guardia civil y falangistas.
Fue asesinado ese mismo día, el 2 de septiembre de 1936, junto a 12 personas más, a las puertas del Cementerio Municipal de Calatayud (Zaragoza), acusado de ser republicano y masón. Los 13 fueron enterrados en varias fosas comunes de dicho cementerio. En su certificado de defunción, figura así la causa de muerte: "Por orden de la superioridad".
En 1958, el Ministerio de Gobernación de Franco emitió una circular para que los restos de las víctimas del bando nacional fueran trasladados al Valle de los Caídos, un enorme monumento que el dictador mandó construir "para perpetuar la memoria de los caídos en la gloriosa cruzada", y en el que luego reposarían sus restos junto con los del fundador de la Falange Española y de las JONS, José Antonio Primo de Rivera.
Días después, cuando se dieron cuenta de que sobraba espacio, Franco decidió rellenarlo con los cadáveres de los miles de fusilados del bando republicano. El 3 de abril de 1959 llegó un camión a Calatayud y, sin el consentimiento de los familiares y a plena luz del día, los trabajadores, custodiados por la Guardia Civil, comenzaron a exhumar los restos "sin ningún cuidado, arrastrando a su paso todo lo que encontraban", cuenta Silvia. Los tiraron en sacos que trasladaron al Valle de los Caídos. Entre esos restos iban los del tío abuelo de Silvia, según consta en el Registro de Inhumaciones de la Abadía Benedictina del Valle.
"Durante años fui al cementerio de Calatayud con mi madre y mi abuela a poner flores en una tumba en la que no estaba mi tío abuelo", relata Silvia, de 41 años. "Hasta que hace unos años, después de investigar, lo descubrí". Su tío abuelo estaba en el Valle de los Caídos. En concreto, en el tercer piso de la cripta, a la derecha del altar mayor de la Basílica. Entonces comprendió por qué su abuela pidió en su testamento ser enterrada en Torrelodones, un pueblo desde el que se divisa el mausoleo de Franco. "Me quedé helada cuando un investigador me contó lo que había ocurrido con los restos de mi tío abuelo", reconoce.
En 2008, Silvia, miembro de la Agrupación de Familias Pro Exhumación de Republicanos del Valle de los Caídos, asistió a la apertura de un osario en el mausoleo. "Cuando me asomé por la ventana y vi aquello se me cayó el alma a los pies. Era un amasijo de huesos y madera entre los que estaban los restos de mi tío abuelo", cuenta. Los restos de su tío abuelo fueron metidos en una caja junto a los de otras 9 personas. Silvia sabe que es difícil exhumarlos, pero cree que se puede hacer, con voluntad política. "El Valle de los Caídos es un cementerio. Hay miles de cuerpos enterrados allí y ningún gobierno se ha interesado en exhumarlos", denuncia. "Va siendo hora de que lo hagan", concluye.
