En febrero de 2010 el relator de la ONU se refirió a la relación de mutua subordinación entre la SEP y el sindicato magisterial como la "simbiosis atípica SEP-SNTE".
Encontró un término preciso con el que de algún modo es posible imaginar la conexión casi indisoluble entre uno y otro. Para el biólogo alemán Antón de Bary, que acuñó el término, simbiosis es "vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos".
Los resultados que ha tenido esta simbiosis sin duda benefician más al SNTE que a la SEP, que le ha cedido facultades fundamentales y le ha otorgado privilegios injustificados. El estancamiento y la catástrofe educativa al que se ha condenado a millones de niños y jóvenes no es el único efecto nocivo de este vínculo.
Hace unas semanas salió a la luz un caso que no es excepción: la denuncia de padres de familia por abuso sexual a 15 niños en el jardín de niños "Maestro Andrés Oscoy", escuela pública de Iztapalapa. De todos los 38 casos, sólo 15 familias decidieron denunciar penalmente. La cronología de los hechos devela la incapacidad del Estado para asumir la responsabilidad sobre la integridad física y psicológica de los educandos, frente a la indignante complicidad que mantiene con los líderes del SNTE.
En un dictamen sin precedentes, la juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, Martha Estrever Escamilla, vinculó a la SEP, y en consecuencia al Estado mexicano, como responsable solidario para la reparación del daño a las víctimas.
Se dio acto de formal prisión por pederastia a María de la Luz Cano Martínez, directora; Saúl Blancas Tamayo, conserje; José Rosario Reyna Sandoval, conserje, y Sergio Osvaldo Rodríguez Bolaños, maestro de educación física, servidores públicos de la SEP que estaban en funciones mientras se llevaba a cabo el abuso a los menores.
Del SNTE era iluso esperar alguna declaración y acto solidario para con las familias. Eso sí, su eficacia fue comprobada con el trámite de la jubilación de la directora del plantel sin cumplir el procedimiento que toma al menos un mes. Como dice Válek Rendón de Educación a Debate, hoy María de la Luz Cano tiene licencia prejubilatoria y baja por jubilación. De la SEP esperábamos no sólo la renovación del personal del jardín de niños, sino el compromiso de reparar el daño.
En cambio Enrique Díaz Palacios, subdirector de Procesos Jurídicos de la SEP, responde que pese a los 15 testimonios de las víctimas no se ha comprobado el daño y que para obligar a la SEP a repararlo "primero debe ser escuchada y vencida en juicio".
Después de esta declaración, sólo puedo reiterar que la dinámica de esta simbiosis tiene que ser abatida de raíz.
Explorar vínculos de complicidad en actos pederastas a todos los niveles y en ambas instancias, SEP y SNTE, tendrá que ser una tarea irrenunciable de la PGR. Por lo pronto, lo que sale a flote es la urgente necesidad de dotar al sistema educativo de un nuevo marco jurídico que garantice procesos transparentes y rigurosos de reclutamiento y selección del personal docente.
La obligatoriedad de la evaluación es un primer paso, pero será insuficiente si no la incorporamos a un proyecto integral de servicio profesional del magisterio. La Comisión de Educación en el Senado tiene una propuesta sólida que no atenta contra la estabilidad laboral de los maestros, sino que otorga criterios justos y certeza para que su labor esté sostenida en su integridad, esfuerzo y méritos. Entre más tarde la disolución de esta simbiosis, seguiremos teniendo hijos rezagados, excluidos y en riesgo de ser profundamente lastimados.
