El gobierno federal ha decidido no dar a conocer las cifras sobre los ejecutados en acciones relacionadas con el crimen organizado. Pero el Inegi ha continuado con la publicación habitual de sus cifras sobre homicidios dolosos, que proceden de las actas de defunción que se levantan a nivel local. No es lo mismo, pero las cifras de homicidios dolosos demuestran que seguimos viviendo niveles inusitados de violencia.
En 2011 se registraron 27,199 homicidios en el país. En 2006, el último año de gobierno de Vicente Fox, la cifra fue de 10,452. En 2007 se alcanzó un nivel razonablemente bajo de 8,867 homicidios en el país. Los homicidios por cada 100 mil habitantes pasaron de 10 en 2006 y 8 en 2007 a 24 en 2011. Entre 2007 y 2011, el número de homicidios en el país se ha triplicado.
El actual ha sido un sexenio en que el problema de la violencia ha aumentado de forma vertiginosa. Es posible que haya habido más detenciones y abatimientos de capos que en cualquier otro gobierno, pero el alza en los homicidios es la otra cara de la moneda.
Lo peor es que este costo tan elevado no se está reflejando en una disminución del tráfico de drogas. Hace unos días Jerónimo Solís, coordinador del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano, señalaba que el cultivo de drogas se ha extendido de las zonas tradicionales de producción, como Sinaloa, Chihuahua y Durango, a Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Sonora y Baja California. La información disponible señala también que el consumo de drogas ha aumentado en México y se ha mantenido estable en los Estados Unidos.
Uno puede entender las razones por las que el presidente Felipe Calderón asumió con tanto ahínco la guerra contra las drogas que declaró originalmente Richard Nixon en 1971. Había ya una situación de violencia en el país. En 2006 los cárteles de la droga empezaron a realizar ejecuciones cada vez más violentas y públicas. Fue entonces, antes del gobierno del presidente Calderón, cuando empezaron a rodar cabezas en los antros de Michoacán.
La guerra contra las drogas es popular en las encuestas, pero no hay duda de que en términos estratégicos ha sido una derrota contundente. No sólo hemos arrastrado al Ejército a una guerra sin posibilidad de triunfo e incluso, a mi juicio, inconstitucional, sino que no se ha disminuido ni el tráfico ni el consumo de drogas. El único saldo real es la triplicación de los homicidios en el país.
El propio presidente se da cuenta de que su gobierno no quedará en la historia como el sexenio del empleo sino el de la lucha contra la delincuencia organizada. Los ejecutados del sexenio no son los "muertos de Calderón", ya que él no ha ordenado su muerte, pero sí son consecuencia de un esfuerzo fallido por combatir el tráfico de drogas. En esta estrategia hay una responsabilidad moral que el mandatario no puede evadir.
El próximo gobierno debe considerar con mucho cuidado las opciones que se nos presentan. Quizá la legalización de las drogas, la opción más sensata, no esté en las manos de ningún régimen mexicano. Pero buscar estrategias que realmente reduzcan el consumo de drogas, en lugar de continuar esta lucha que ha aumentado los homicidios sin disminuir el tráfico o el consumo, es una demanda imperativa para el próximo presidente… a menos, por supuesto, que el propósito de la guerra sea aumentar el número de homicidios en lugar de disminuir el consumo de drogas.
LOS BOLLOS
Los dirigentes del Movimiento Progresista ofrecieron ayer una advertencia a los magistrados del Tribunal Electoral. "Podemos llegar a la situación de estados fallidos si no procede la invalidez de la elección", dijo Alberto Anaya del PT. Jesús Zambrano del PRD añadió: "La ley no es ciega. No se puede negar el contexto en que se toman las decisiones. El país no está para bollos."
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