Una corte federal de Phoenix identificó hoy al ciudadano mexicano Rito Osorio Arellanes como el segundo acusado de la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010.
Terry fue ultimado al sur de Arizona cerca de la frontera con México y según documentos desclasificados, el segundo inculpado, de 41 años, sería hermano de Manuel Osorio Arellanes, primer acusado en el crimen.
La acusación fue planteada luego de que el periódico The Arizona Republic y otros medios de comunicación solicitaran a un juez la apertura parcial del expediente al argumentar que el público tenía derecho a la información a más de un año de sellado el caso.
Según la acusación, los Osorio Arellanes eran parte de un grupo armado de inmigrantes indocumentados que se enfrentó a balazos con Terry y otros agentes de la Patrulla Fronteriza al toparse en una zona remota cerca de la comunidad de Río Rico, Arizona.
Uno de los integrantes del grupo disparó al agente Terry, quien murió poco tiempo después.
Manuel Osorio Arellanes resultó lesionado en el enfrentamiento y fue detenido en el lugar.
Rito Osorio Arellanes también fue detenido dos días antes del homicidio del agente Terry, pero se desconoce si fue liberado antes del crimen o permanecía en custodia.
Manuel está acusado de conspiración para asaltar a un oficial federal, uso y transporte de un arma de fuego en cumplimiento de un crimen de violencia y posesión de un arma de fuego, además de reingreso ilegal al país.
Rito está acusado como sospechoso de conspirar con el resto de los indocumentados que participaron en el crimen.
El caso cobró relevancia luego de que dos rifles automáticos AK 47 encontrados en el lugar del homicidio formaran parte de las armas contrabandeadas a México bajo la Operación “Rápido y Furioso”.
Esa operación permitió a los traficantes enviar el armamento a México aun cuando eran monitoreados por agentes federales.
Este martes, la familia del patrullero asesinado llegó a un acuerdo con las autoridades federales para excluirse de la acusación contra Jaime Ávila, el hombre señalado como responsable de haber comprado los dos rifles localizados en el sitio del homicidio.
La familia solicitó ser designada como 'víctimas del crimen' en el caso contra Ávila.
Ávila adquirió las armas con el pleno conocimiento de los agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que monitoreaban sus movimientos bajo la fallida operación “Rápido y Furioso”.
El operativo estaba diseñado para rastrear las redes de contrabando de armas a México, pero para hacerlo se permitió que cientos de rifles y pistolas fueran transportadas ilegalmente al país vecino.
La familia de Terry se excluyó del caso luego de que los fiscales a cargo acordaran trabajar con ellos en forma informal.
El retiro de la solicitud de participar en la acusación como víctimas del crimen cierra la posibilidad de que el caso de contrabando de armas abarcara como acusados a los agentes de la ATF.
