El Consejo General del IFE declaró infundada la queja por presunta triangulación de recursos ilícitos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El Consejo General del IFE declaró infundada la queja por presunta triangulación de recursos ilícitos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el dictamen formulado por la Unidad de Fiscalización del instituto, fue imposible comprobar que empresas como GM Global Media; Jiramos y Servicios Integrales del Sector Agropecuario hubieran operado junto con Frontera Televisión Network LLP e Intelmedia (de José Ponce Aquino) para transferir a la campaña de Peña 56 millones de dólares.
Luego de realizar 97 diligencias que incluyeron 8 solicitudes de apertura del secreto bancario a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), el órgano a cargo de Alfredo Cristalinas supo que sí había un contrato firmado entre las partes, pero que éste había quedado sin efecto el 6 de enero de 2012 y que ninguna acción se había derivado de su firma.
Según las denuncias presentadas por el PAN y el PRD, los recursos mencionados serían concentrados en una cuenta de Monex.
Al revisar los estados de cuenta de la presunta cuenta concentradora, la Unidad no detectó movimientos relacionados con las empresas ni con los 56 millones de dólares.
El IFE tampoco pudo acreditar que Luis Videgaray, hoy secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, hubiera tomado recursos de una cuenta Scotiabank a nombre del estado de México para transferirlos a la campaña presidencial de quien fuera candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).
Ricardo Mejía, consejero del Poder Legislativo por el partido Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la imparcialidad de los órganos electorales y recordó que recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado a la magistrada electoral María del Carmen Alanis el reconocimiento a la Mujer del Año 2012.
Agregó que en el pasado, Alanis Figueroa fue acusada de conflicto de interés al organizar en su casa una cena en la que había participado -entre otros-- el propio Videgaray.
En ese momento, la magistrada elaboraba un proyecto de sentencia relacionado con la presunta difusión de spots de Peña Nieto (entonces gobernador mexiquense) en un periodo prohibido por la ley.
