La Diócesis de Torreón interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues los soldados, estatales y federales revisaron hasta las criptas donde se encuentran las personas fallecidas.
En busca de vendedores de droga, decenas de militares y federales ingresaron la noche del jueves, a las 20:00 horas, a la Parroquia de San Judas Tadeo de Torreón.
La Diócesis de Torreón interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues los soldados, estatales y federales revisaron hasta las criptas donde se encuentran las personas fallecidas.
José María Castillo Plasencia, párroco de San Judas, explicó que decenas de elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Policía Federal, ingresaron al templo -en donde también se encuentran las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi-, sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar.
El padre dijo que se encontraba en las oficinas del tempo trabajando con otras personas, entre ellas una menor de edad, cuando intempestivamente llegaron un policía federal y un soldado y comenzaron a pedir información sobre las actividades.
“Les dijimos que era un Centro de Derechos Humanos. Nos preguntaron que si era parte de la Iglesia y dijimos que sí. De nuestra parte pedimos se nos explicara que es lo que sucedía, que por qué estaban ahí y nos respondieron que buscaban droga por que había una denuncia anónima”.
Los elementos subieron a las azoteas, revisaron toda la oficina, el baño, la bodega, el closet, la alacena, las cajas con ropa y hasta la papelería. Al no encontrar nada, se salieron.
“Nos salimos detrás de los policías y en ese momento nos percatamos de la cantidad de efectivos que se encontraban apostados en el área del atrio. Se podían contar por varias decenas entre militares y policías federales. También nos dimos cuenta que varios militares habían ingresado al área de las criptas en donde se encuentran los nichos de personas fallecidas, las cuales también estuvieron revisando”.
Los elementos cuestionaron al encargado de la administración y al sacristán sobre la presencia de vendedores de droga o delincuentes en las inmediaciones de la Parroquia.
“Queremos hacer patente y manifestar nuestra gran preocupación por lo sucedido. Es inadmisible que en un estado de derecho, sean vulnerados los derechos humanos mediante la irrupción arbitraria de las fuerzas del estado sin que medie ninguna orden judicial, sin presentar identificación”, dijo el padre.
Agregó que “esta irrupción de las fuerzas estatales, federales y el ejército muestra de manera clara que la actual política de seguridad, lejos de resolver los problemas, agrava la vulnerabilidad de la población que está sujeta a este tipo de abusos a partir de medidas tan cuestionables como las denuncias anónimas”.
El párroco dijo que además se atenta contra un centro de derechos humanos que ha mostrado su compromiso con la comunidad y ha denunciado de manera constante y fundada las violaciones.
“Exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva sobre las violaciones a derechos humanos para deslindar responsabilidades y poner las medidas necesarias para evitar que estos actos se repitan en lo futuro”, dijo el padre José María Castillo.
