ICAI. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
En materia de transparencia, Chiapas, Coahuila y Puebla registran una baja en el presupuesto asignado a los órganos garantes entre 2011 y 2012.
En Chiapas, donde la administración del gobernador Juan Sabines ha sido fuertemente cuestionada por desvíos de recursos y venganza política contra el exgobernador Pablo Salazar, se registró la disminución más importante, pues el presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información disminuyó casi 40 por ciento al pasar de 13.5 millones, a 8.1 millones.
En Coahuila, donde se registró un endeudamiento por más de 34 mil millones de pesos durante la administración de Humberto Moreira, el presupuesto asignado al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública se redujo 13.3 por ciento, al pasar de 27.4 millones de pesos en 2011, a 23.8 millones en 2012.
Si bien el presupuesto bajó más en Coahuila y en Chiapas, el caso de Puebla -donde se redujo 1.5 por ciento- llama la atención debido a que su nueva Ley de Transparencia, que entró en vigor en diciembre, da mayores facultades a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), las cuales tendrá que cumplir con menos recursos.
Mientras en 2011 el presupuesto para la CAIP fue de 12 millones, en 2012 éste se redujo a 11.8 millones de pesos.
En términos de presupuesto per cápita destinado a transparencia, Chiapas y Puebla son las entidades que menos recursos destinan: 1.8 pesos en el caso de Chiapas, y 2 pesos en el caso de Puebla, cuando estados como Campeche y Quintana Roo destinan más de 17 pesos.
Expertos en materia de transparencia alertaron sobre la disminución en los presupuestos de los órganos garantes en las entidades federativas, particularmente en el caso de Puebla.
Con la nueva ley, el número de sujetos obligados en Puebla, es decir, las instituciones obligadas a proporcionar información, pasó de 88 a más de 337, pues si bien antes únicamente se consideraba sujetos obligados a las dependencias del Poder Ejecutivo, ahora se considera a los Poderes Judicial y Legislativo, además de los 217 ayuntamientos, los partidos políticos y los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, el Instituto y Tribunal Electorales, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Lilia Vélez, directora del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y excomisionada de la CAIP, calificó como absurdo que se haya reducido el presupuesto del órgano garante, a la vez que aumentó en casi cuatro veces el número de sujetos obligados.
"El exceso de trabajo y la carencia de recursos podrían hacer que la comisión no hiciera el trabajo como lo tiene que hacer; de entrada, ver que se cumplan todas las obligaciones de transparencia o la información pública de oficio en nuevos sujetos obligados.
"A partir de esta legislación los partidos políticos se convierten en sujetos obligados directos, por lo tanto, tendrán que tener un portal de transparencia, tendrán que habilitar unidades de acceso, tendrán que empezar a responder solicitudes de información, y le toca a la CAIP dar toda la capacitación y toda la asesoría en estos temas y, por otro lado, empezar a resolver recursos de revisión de inconformes", sostuvo.
La activista cuestionó además que la reducción del presupuesto responda a una política de austeridad, como lo indicó la Secretaría de Finanzas de la entidad, cuando el gobernador Rafael Moreno Valle gasta 42 millones de pesos en publicitar su informe en sólo 13 días.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, consideró que en toda democracia las prioridades de un Gobierno siguen acompañadas de una dimensión presupuestal y, para evitar interpretar políticamente una decisión presupuestal, como una intención de inhibir, frenar o condicionar la operación de un órgano garante o de cualquier otro órgano del aparato público, lo correcto es que acompañado de nuevas facultades y atribuciones haya los recursos necesarios para cumplir con esas tareas.
"Lo que ocurre en Puebla es que abre un espacio de especulación sobre cuáles son las intenciones de tener una mejor ley que no esté acompañada de suficiencia presupuestal. Es difícil saber cuáles son las intenciones, lo que sabemos es que en términos de la tradición de la administración pública mexicana, las nuevas facultades suponen la asignación de nuevos recursos", acotó.
Irma Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, señaló que el caso de Puebla demuestra la contradicción política de cómo está operando la transparencia en el país, y evidencia cómo se premia o castiga la falta de independencia de los órganos garantes.
"Hay nuevas obligaciones, nuevos órganos e instancias a las cuales controlar, vigilar. No digo que no sea grave el que no se asignen los recursos necesarios, pero no es un problema de recursos, sino de independencia", afirmó.
