Estadísticas. La mayor parte de los casos de tortura ocurre en cuarteles militares.
La tortura cometida por militares y policías en México ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, aseguró Amnistía Internacional (AI).
Señaló que el gobierno del presidente Felipe Calderón "no ha combatido seriamente la tortura" y ha ignorado y rechazado esta realidad, lo que ha dejado a las víctimas sin acceso a la justicia.
En el informe "Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México", que será presentado hoy jueves, el organismo aseguró que en todos los estados, se han reportado casos de tortura "y los responsables disfrutan de casi total impunidad".
Indicó que la mayor parte de los casos ocurre en cuarteles militares y que los tribunales siguen aceptando confesiones y declaraciones en video pese a existir indicios de que se obtuvieron bajo tortura.
"Este vergonzoso legado, del que los responsables tendrán que rendir cuentas, se va a dejar en manos del presidente electo Enrique Peña Nieto. No hacer nada no es una opción", reiteró AI.
En el reporte explicó que la postura del Gobierno federal ante organismos de derechos humanos como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, ha sido que no se le puede responsabilizar de esta práctica porque no es sistemática ni forma parte de una política oficial, pero "este argumento es insostenible y contrario a las obligaciones internacionales contraídas por México, entre las que figura la aplicación plena de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y los malos tratos".
AI indicó que el incremento en los casos de tortura se ha medido por el número de quejas que llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por los casos que ha documentado la propia organización, pero que resulta imposible conocer las dimensiones reales de la problemática porque en realidad ocurren más abusos de este tipo de los que se denuncian.
Esto sucede, agregó, porque víctimas y testigos están expuestos a sufrir represalias, las autoridades cuando reciben la denuncia no cumplen con los estándares para investigar y documentar la tortura y son pocos los casos en los que el responsable es juzgado y sentenciado.
