Lanzado todo el aparato de Estado contra el entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por desacatar un amparo al construir un camino hacia un hospital, hete aquí que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se ubica en un escenario similar desde agosto del año pasado... bajo el ropaje de todo el aparato del Estado
Colocada la balanza de la justicia bajo dos pesas y medidas: Una contra los opositores y otra a favor de los correligionarios del partido en el poder, la impunidad cabalga sin freno por la llanura.
Detrás de la burla al sistema judicial del país están los oídos sordos del presidente Felipe Calderón, los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y, naturalmente, el esquema estatal de justicia.
En el camino, la jueza que se atrevió contra el omnipotente se ubica bajo custodia permanente en previsión de que las amenazas en su contra se vuelvan efectivas.
La manzana de la discordia del episodio que desmiente la existencia de estado de derecho en México se ubica en la construcción de un acueducto de la presa Plutarco Elías Calles, conocida como El Novillo, hacia Hermosillo, en despojo del agua de riego del fértil Valle del Yaqui, granero de trigo del país.
Reacio en explorar otras alternativas para aliviar la sed de los habitantes de la capital sonorense, el gobierno local cambió el diálogo por amenazas y la razón por la represión, a contrapelo de un sinfín de desplegados en medios locales y nacionales firmados por la totalidad de los organismos empresariales y asociaciones de productores de Ciudad Obregón.
Bajo ese prisma, solicitada por los afectados la protección de la justicia, el 31 de agosto de 2010 se les concedió una suspensión provisional para evitar dictar el fallo de la licitación para construir la colosal obra.
Notificada ésta al fideicomiso Sonora Sí, responsable del procedimiento, la respuesta fue no sólo la asignación de la obra, sino el inicio de su construcción, en abierto desacato a la ley.
Y aunque el gobierno local impugnó la resolución, ésta quedó en firme al avalarla el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo.
Con el documento en la mano, los abogados de los quejosos que resistieron amenazas del gobierno, se dirigieron al superior jerárquico del fideicomiso, es decir su presidente, el gobernador Guillermo Padrés Elías.
Y ni así.
La protesta tampoco recibió atención del Consejo Directivo de la instancia, lo que obligó a solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Así, el tres de noviembre del año pasado el juzgado Décimo de Hermosillo realizó una diligencia para exigir la suspensión de la construcción... con la novedad de que al día siguiente las obras se habían reanudado, en la cumbre de la impunidad.
Ante ello, la jueza de la causa ordenó cercar el área de construcción con elementos de las fuerzas públicas federales... cuya respuesta fue que no tenía suficientes activos, aduciendo que se requerían al menos 150, por lo que se sugería llamar al ejército.
La sugerencia fue ratificada por el agente del Ministerio Público de la Federación, Cruz Alejandro Flores, comisionado por la Procuraduría General de la República para atender el asunto.
El exhorto llegó hasta la Presidencia de la República, quien lo bateó a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la novedad de que el 19 de enero pasado el procurador General de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, se lavó las manos vía un telegrama.
En una parte de éste, se señala que "la ley orgánica de la Administración Pública Federal no señala como atribución de la Defensa Nacional proporcionar apoyo al Poder Judicial de la Federación en las diligencias propias de los procedimientos jurídicos que se siguen ante ellos".
Vayan, pues, a la siguiente ventanilla.
Aun así, el 20 de enero el juez Décimo de Distrito requirió de nueva cuenta tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la de Seguridad Pública para atender el reclamo.
La negativa la reiteraría la primera, cuatro días después.
A su vez, el siete de febrero el Comisario Jefe de la Policía Federal Preventiva, Moisés Robles Cruz, adujo que sólo podría proporcionar 10 elementos.
Y hágale como quieran.
Imperio de la impunidad.
Cuesta abajo en su rodada el precio de las acciones de las promotoras de vivienda a partir de la semana pasada, el foco rojo se ubica en la descapitalización de las firmas ante el retraso en el pago de subsidios que les otorga el gobierno federal.
El alerta llegó tras un informe de la firma Urbi en que reconocía un flujo de efectivo negativo al cierre del año pasado.
El boquete alcanza entre tres y 3.5 millones de pesos.
La acción de la empresa cayó 19 por ciento.
El problema es que el desequilibrio afecta, entre otras, a Homex y Ara.
REGALOTE A TELEVISA
Advertido en este espacio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no había ponderado con justeza el potencial de los hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad que pretendía concesionar, hete aquí que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación el otorgamiento de ésta resultó ruinoso para la causa del país.
Éste perderá dos mil 950 millones de pesos en 20 años, dado el monto pactado como contraprestación.
Esta, cubierta por un consorcio integrado por Televisa, la Telefónica México y Megacable, fue de sólo 883 millones de pesos, por más que las firmas se comprometían a invertir en infraestructura mil 300 millones adicionales.
La paradoja del caso es que el entonces titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, lanzó las fanfarrias al vuelo por la que se ubicó como óptimas condiciones obtenidas para el país.
Así se dijo cuando se le entregó a Nextel a precio de ganga una red nacional para telefonía inalámbrica.
MULTITA A CEMEX
La Comisión Federal de Competencia ratificó a la letra lo publicado en este espacio la semana pasada: Cementos Mexicanos fue multado con 10 millones 179 mil pesos, el máximo que permitía la ley, por obstaculizar el ingreso al país de 26 mil toneladas de cemento ruso.
La exposición de motivos habla de que la cementera indujo a la Cámara Nacional del Cemento, donde tiene mayoría de votos, a negar enlistar a la firma importadora en el padrón de importadores de cemento.
Además, se presionó a productores de cemento de Indonesia y Taiwán para que no le surtieran el producto, y se obstaculizó, a través de recursos jurídicos, el atraque del barco que traía la mercancía al país.
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