E S lógico que durante los procesos electorales afloren los hallazgos de manejo de grandes cantidades de efectivo por parte de los políticos mexicanos, pues es la forma de evitar que se pueda demostrar que dicho dinero entró a las campañas electorales. Así que la detención de los dos personeros del gobernador de Veracruz con 25 millones de pesos en efectivo es únicamente la más reciente constatación de una vieja historia.
A partir del proceso electoral del año 2000, hay constancia de dichas prácticas en tres de los cinco procesos electorales federales que se han celebrado desde entonces, incluyendo el actual; no es que antes no existiera la práctica, lo que sucede es que antes no había posibilidad de que alguna autoridad lo evidenciara, pues todos formaban parte del mismo engranaje.
En la elección presidencial del año 2000, la entonces Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, detectaron el flujo de mil millones de pesos de las arcas de Pemex al equipo de campaña del entonces candidato priista a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, vía el sindicato petrolero. Las evidencias que logró reunir la PGR permitieron al IFE sancionar al PRI con una histórica multa de mil millones de pesos, ya que se pudo detectar que dos integrantes de la dirigencia tricolor sacaron en camionetas, de una sucursal bancaria, 500 millones de pesos en efectivo.
En aquel entonces fue imposible determinar el destino de dichos recursos, pues es imposible seguirle la huella al dinero en efectivo y la sanción se impuso porque se detectó que esos recursos nunca fueron reportados al Instituto Federal Electoral (ni en los informes de ingresos y egresos ordinarios ni en los de campaña) y se infirió que sí entraron al tricolor, dado que había evidencias de que quienes habían sacado el dinero del banco eran funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
En el 2009, el senador por el PVEM, Arturo Escobar fue sorprendido en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, Chiapas, con un millón de pesos en efectivo en una maleta de mano. Aunque en el video que se exhibió en ese momento, en diversas televisoras y en Internet, se puede apreciar que él portaba la maleta en la que encontraron el dinero, él siempre lo negó y responsabilizó de ello a un compañero de viaje.
Ahora en el 2012, los personeros del gobernador de Veracruz son sorprendidos con 25 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, a la medianoche del pasado viernes 27 de enero. Como en los casos anteriores las explicaciones de las autoridades son absurdas y aberrantes; pero hasta el momento ya fueron suficientes para liberar a los dos responsables de transportar el dinero en efectivo.
Con lo que hoy se conoce no puede afirmarse que ese dinero iba a financiar la campaña tricolor, pero sí es una alarma para las autoridades electorales, que hasta el momento no han podido encontrar la fórmula para frenar dicho flujo. El 14 de enero del 2009, el Consejo General del IFE aprobó tres acuerdos que pretendían frenar el ingreso de dinero ilegal a las campañas electorales. En su momento, comenté en este mismo espacio que únicamente "...una de todas las disposiciones allí contempladas abre una posibilidad real para frenarlo: la verificación en campo de las campañas electorales."
Sustenté dicho juicio en argumentaciones puntuales y las intervenciones de varios de los consejeros del Poder Legislativo que participaban en ese momento en el Consejo del Instituto. Lamentablemente los resultados de la fiscalización de los gastos de campaña de esa elección, en los cuales - hasta donde tengo conocimiento- no se detectó ninguna irregularidad en ese sentido comprueban mi hipótesis, pues dicho resultado resulta extraño si tomamos en cuenta que con posterioridad a dicho proceso se han conocido vínculos de algunos de los entonces candidatos con los cárteles de la droga.
Así que más vale que la autoridad electoral revisé dichos acuerdos y busqué alternativas que le permitan, al menos, inhibir dicha posibilidad, pues la alarma está sonando y el dinero ilegal no proviene únicamente del crimen organizado, como también ya se demostró con los casos "Amigos de Fox" y "Pemexgate": también llega de las arcas públicas, de los bolsillos de los empresarios o las tesorerías de sus empresas e, incluso, del extranjero.
Aunque todo el dinero ilegal que ingresa a las campañas electorales daña a la democracia, el origen del mismo tiene muy diferentes impactos. En el caso del dinero público, el mayor daño es por lo que se deja de hacer, en un país con tantas necesidades y tan escasos recursos; en el proveniente de la delincuencia organizada y de particulares (nacionales y extranjeros), por la captura del estado y sus gravísimas consecuencias en el debilitamiento de las instituciones estatales, así como, el fortalecimiento de los llamados poderes fácticos.
Es muy importante que la PGR dilucide con claridad el origen del dinero que se encontró a los personeros del gobierno veracruzano, eso es totalmente posible - al menos por lo dicho por las autoridades veracruzanas-, pues conforme a sus declaraciones ellos lo retiraron directamente de sus cuentas, de encontrarse que no fue así todavía se acrecentarán más las sospechas y las razones para investigar más a fondo. Pero más importante todavía es que las autoridades electorales atiendan esta ruidosa alarma, pues lo que está en juego no es un asunto menor.
