Termina plazo. En pocos meses concluirá la vigencia del Protocolo de Kyoto, el cual operó durante 15 años para evitar la contaminación. (AGENCIAS)
A unos meses de que concluya el Protocolo de Kyoto, los mercados del mundo deben definir un nuevo esquema que les permita continuar con la reducción de emisión de contaminantes y que represente a su vez una oportunidad de desarrollo económico.
A 15 años de haberse aprobado como un mecanismo internacional de descontaminación nadie hubiera imaginado que dicho protocolo sería la base para capitalizar un problema como lo son los gases de efecto invernadero (GEI), y que a la vez se traduciría en una labor contra el calentamiento global, coincidieron expertos internacionales y especialista de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, hasta ahora muchos desconocen en qué consiste el Protocolo Kyoto o qué implican los bonos de carbono que surgieron a partir de ese acuerdo internacional, y que por mucho tiempo ocasionó el rechazo de países industrializados como Estados Unidos.
A pesar de ello, quienes están conscientes de los beneficios alcanzados por este acuerdo internacional, vinculado a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ante la premura de su próxima fecha de caducidad están discerniendo entre establecer un nuevo protocolo o extender el presente.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la diferencia entre este protocolo y la misma Convención es que mientras que ésta alienta a los países industrializados a estabilizar las emisiones de GEI, el protocolo obliga a hacerlo.
Sólo que para llevar a cabo el acuerdo el protocolo se basó en tres mecanismos: el comercio de emisiones y que hasta hoy es conocido como "mercado del carbono"; los Mecanismos para un Desarrollo Limpio (MDL); y la Aplicación Conjunta (JI).
En el primer caso, para operar el mercado de emisiones se estableció los denominados bonos de carbono, los cuales son como una especie de derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono (CO2) y que puede ser canjeable por un precio establecido en el mercado.
Así, si una empresa deja de emitir cierto tonelaje de CO2 puede vender dichos derechos o bonos al precio que estableciera el mercado, mientras que si por el contrario emiten más de lo permitido se ven en la obligación de pagar por dichos derechos.
Para definir la forma de pagar la reducción de emisiones se acordó establecer la medida de "tonelada de CO2 equivalente" (tCO2e) y que se traducen en Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés).
Desde su entrada en vigor, el 16 de febrero de 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha tenido una importante participación para el intercambio comercial de estos créditos de carbono en los países participantes.
El especialista Líder en Cambio Climático del BID, David Wilk, recordó que la cartera de préstamos de esa institución en materia de cambio climático ha tenido una trayectoria con un promedio aproximado de nueve mil a 10 mil millones de dólares anuales.
Durante su participación en el foro "Green Solutions 2012", que se realizó en la ciudad de México, dijo que entre 2006 y 2011 el BID prestó 57 mil millones de dólares, de los cuales 13 por ciento, unos 7.3 mil millones, fueron para actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.
