Conclusiones. En sus conclusiones a la revisión efectuada a la obra durante la Cuenta Pública de 2010, la ASF afirmó que en razón de las irregularidades detectadas, se continuará, conforme a las facultades de la institución, con la fiscalización del proyecto durante el año fiscal de 2011.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tardó hasta 923 días en informar a diversas instituciones financieras consideradas de riesgo, para evitar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, con lo cual incumplió su tarea de monitorear y supervisar que ocurrieran dichas irregularidades.
"Al cierre del ejercicio fiscal de 2010, se comprobó que Hacienda, por conducto de las unidades administrativas coordinadoras de los distintos sectores del sistema financiero, no ha emitido las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) reguladas y no reguladas, y Uniones de Crédito ni las reformas para Sociedades de Inversión; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Almacenes Generales de Depósito", detalló la Auditoría Superior de laFederación en su reporte anual.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2010, el órgano fiscalizador encontró que el flujo de los comunicados emitidos entre las diversas instancias de la SHCP (vía Unidad de Inteligencia Financiera), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que intervinieron en la expedición de disposiciones relativas a la prevención del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, pasaron muchos días.
Se detectó que entre la emisión de los proyectos originales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) transcurrió un número importante de días.
En el caso de las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) pasaron 923 días; para las casas de bolsa, 847 días; en las casas de cambio, 108 días; en las sociedades financieras de objeto múltiple, 373 días, y para las organizaciones auxiliares de crédito, 1,002 días.
"Se observa que el proceso para la emisión y la publicación de las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no ha sido oportuno para agilizar el avance en la atención de la recomendación 23 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a la dilación con que se difunde de manera oficial a los sujetos obligados", informó la Auditoría.
Dadas las limitantes de recursos de las autoridades financieras, el proceso para la publicación de reformas y nuevas disposiciones se ha realizado de manera paulatina, por lo que se optó por la estrategia de dar prioridad a la publicación de las disposiciones de carácter general de aquellas entidades financieras que representaran mayor importancia para el sistema financiero, así como aquellos sectores que, conforme a la evaluación del GAFI, representaban mayor vulnerabilidad para la comisión de los delitos de lavado de dinero.
En la revisión de la Cuenta Pública 2010, Hacienda debió instaurar diversas medidas para monitorear e identificar operaciones procedentes de actividades ilícitas.
La recomendación 23 del GAFI era relativa a la regulación, supervisión y monitoreo, para asegurarse de que las instituciones financieras se sujeten a una regulación y supervisión adecuadas, cuya competencia corresponde a Hacienda, con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este monitoreo, tuvo deficiencias.
Piden no pagar finiquito
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó que no se realice el finiquito de la obra Estela de Luz hasta que la empresa responsable III Servicios aclare todo lo relativo a las irregularidades reportadas, que elevaron el costo de la obra a más de mil millones de pesos.
En sus conclusiones a la revisión efectuada a la obra durante la Cuenta Pública de 2010, la ASF afirmó que en razón de las irregularidades detectadas, se continuará, conforme a las facultades de la institución, con la fiscalización del proyecto durante el año fiscal de 2011.
"Verificará entre otros aspectos, los relativos a los pagos realizados, convenios adicionales, ajustes de costos y conceptos extraordinarios, calidad y precios de los aceros y cuarzo, (con el apoyo de empresas especializadas), así como el cumplimiento de los contratos de Fonatur Constructora, S.A. de C.V. y I.I.I. Servicios", cita la ASF. "La ASF sugiere que no se realice el finiquito de ninguno de estos contratos, hasta que I.I.I. Servicios efectúe la totalidad de las aclaraciones y verificaciones pertinentes".
Ante diputados, el auditor superior Juan Manuel Portal señaló que se realiza una revisión integral continua a todo el proceso y se hizo un corte al 31 de diciembre de 2010, tiempo del que se desprendieron un cúmulo de observaciones.
Piden comprobar gastos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la Policía Federal presente la documentación necesaria para que aclare el gasto de más de 6 millones de pesos que no han sido justificados, y que se inicie los procedimientos legales en contra de los funcionarios que no comprobaron pagos por más de 375 millones de pesos.
Entre las irregularidades que detectó la ASF, se encuentra el gasto de 3 millones 424 mil 300 pesos, que la dependencia presuntamente pagó a 305 escoltas, que no fueron localizados en su base de datos. "Para que la Policía Federal aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 3,424.3 miles de pesos que se pagaron a 305 escoltas que no se localizaron en la base de datos en la cual se refiere el nombre del personal adscrito a la División de Fuerzas Federales justificado para recibir la cuota diaria de apoyo de escoltas. Otra de las irregularidades, es el gasto de 3 millones de pesos que se justificaron bajo el concepto "gastos médicos", para el personal del Centro de Formación Policial de la Policía Federal y Sedes Alternas".
La solicitud de la ASF, agrega que es necesario comprobar que el personal haya recibido los servicios antes mencionados.
