Dolor. Alejandro Morales comenta que los abogados del casino no reconocen que su hijo Rubén trabajó ahí, ya que argumentan que no existe ningún documento que lo valide.
La vida de familias enteras se vieron afectadas tras el ataque al casino de Nuevo León, en el cual fallecieron 52 personas.
'QUIERO QUE LO RECONOZCAN'
Rubén Morales Castillo sólo tenía unos cuantos minutos de trabajar como mesero en el Casino Royale. Ni siquiera había firmado su contrato. Un día antes entregó al gerente del establecimiento la solicitud para el empleo. Le dijeron que se presentara el jueves 25 a las tres de la tarde. Así lo hizo. Minutos después, los noticieros de Nuevo León y del país entero informaban sobre el ataque.
Dos años antes, Rubén dejó Querétaro, su ciudad natal, y viajó a Monterrey. Pensó que ahí tendría más posibilidades de graduarse como sommelier y, sobre todo, conseguir un mejor trabajo, ahorrar y viajar a España. Eso quería. Eso soñaba. Eso es lo que ahora recuerda Alejandro Morales al hablar de su hijo, de 19 años, de su "niño Rubén", como aún le dice.
Alejandro se enteró del atentado contra el casino por las noticias. Mirando la televisión también supo lo que hizo su hijo antes de morir. En un noticiario escuchó a una mujer narrar como ella se salvó gracias a que un mesero llamado Rubén se colocó como "banquito" para que subieran a su espalda y salieran por un orificio.
RUBÉN NO SE SALVÓ.
Los abogados del casino no lo reconocen como trabajador. Argumentan que no existe ningún documento que valide que Rubén trabajó en el lugar.
En el casino, a Rubén le robaron su celular y sus tarjetas. Tres días después de su muerte las utilizaron para realizar compras en una tienda departamental. Y aunque su padre presentó la denuncia y llevó el acta de defunción, aún recibe cartas que reclaman el pago de la deuda.
Rubén era el sostén económico de su padre, quien también era mesero, pero no tiene trabajo desde hace tres años; además, ayudaba a su mamá y a su hermano menor. Días después de que falleció su hijo, Alejandro recibió visitas de funcionarios federales y estatales que le prometieron ayudarle, le dijeron que le conseguirían trabajo, que le darían una beca de estudios para su hijo menor.
Alejandro, de 59 años, regresó a Querétaro. Durante dos meses el gobierno estatal otorgó parte de la colegiatura de su hijo menor. "Después vino la veda electoral y detuvieron los apoyos. ¿Las otras promesas? No se cumplieron".
A un año de la muerte de Rubén, la denuncia laboral que lo reconozcan como trabajador del Casino Royale está detenida, porque el corporativo abandonó las oficinas que ocupaba.
Alejandro sigue luchando. Desea que su hijo Rubén sea reconocido como trabajador del casino y que el gobierno lo reconozca como héroe: "Un reconocimiento sería una forma de que mi hijo trascienda en la sociedad, que la gente vea que hay chicos con valores en este tiempo de crisis, que todavía hay gente como mi hijo que, en lugar de correr y tratar de salvarse, decidió ayudar a la gente".
"NOS QUEDAMOS SOLOS"
Irma Idalia Álvarez tiene 54 años, pero "haga de cuenta que me siento de 70. Este año se me vino el mundo encima. Sólo me levanto porque sé que me necesita mi niño. Nos quedamos solos, ¿verdad m'hijo?", pregunta esta regiomontana a su nieto Antonio, un niño de 11 años que sólo la mira.
La mamá de Antonio murió en el Casino Royale. Se llamaba Irma Sofía Vélez, tenía 32 años, tres meses de embarazo y se mantenía de la compra-venta de fierro viejo. Ella fue al casino con su amiga Sara Aurora Ramírez, quien también murió y dejó huérfanas a dos niñas.
Cuando la señora Irma Idalia escuchó las noticias pensó en su hijo mayor. "Él trabajaba en un casino. Le hablé a mi hija Irma para que me diera el nombre del casino donde trabajaba su hermano. No me contestó. Nunca me imaginé que ella era la que estaba ahí".
Irma Idalia logró la custodia de su nieto Antonio, pero tuvo que dejar su trabajo como cuidadora de enfermos. "Con tantas cosas que pasan, no puedo dejar solo a mi niño. Tengo miedo de dejarlo con otra persona para que me lo cuiden". Como otros de los familiares de las víctimas, recibió promesas de funcionarios. Algunas se cumplieron. El gobierno estatal le ofreció una pequeña casa a las afueras del municipio de Escobedo, casi a los pies de un cerro. "Pedí prestado para pagar la casa. Me cobraron sólo una parte. Pero está muy lejos".
El gobierno del estado también le entregó un puesto móvil. "A veces me pongo a vender enchiladas o taquitos, pero no se vende muy bien, porque ahí donde vivo la gente está igual de amolada que nosotros", dice.
También le prometieron pagar las cuotas para la escuela de Antonio. El gobierno federal le prometió una ayuda de 50 mil pesos "para que invirtiera en el carrito de tacos", pero "haga de cuenta que nada más me lo dijeron, porque no se ha visto nada".
Antonio confiesa que a él le gustaría ser marino, "pero de tierra, porque me da miedo el agua. Que tal si me ahogo. Yo quiero ser un marino como los que andan acá en la ciudad, para darle sus nalgadas a los malos".
