La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/ UEIDCSPCAJ/037/2012 por el delito de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de un juez en la materia, luego de la denuncia interpuesta por la Cámara de Diputados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF).
La denuncia fue entregada en la oficialía de partes de la SIEDF en Insurgentes por personal del área jurídica de la Cámara de Diputados, derivado de la detección de "sistemas de comunicación" encontrados en el recinto legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 177 la intervención de comunicaciones y correspondencia es un delito grave que se sanciona con de seis a 12 años de prisión y con 300 a 600 días de multa.
Este lunes, la Cámara de Diputados dio a conocer que se detectaron equipos de comunicación que acreditarían una posible red de espionaje en las oficinas de los diputados de todos los grupos parlamentario, así como la presidencia de la Mesa Directiva -que preside el perredista Guadalupe Acosta Naranjo- y la coordinación administrativa, entre otras.
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 177 la intervención de comunicaciones y correspondencia es un delito grave que se sanciona con de seis a 12 años de prisión y con 300 a 600 días de multa.
