PGR. El titular de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas, presenta diapositivas sobre las investigaciones contra la corrupción en el caso Coahuila. En la imagen, funcionarios que colaboraban con una organización del crimen organizado.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó de los avances de una investigación sobre una red de corrupción de servidores públicos federales y locales en Coahuila que brindaba protección a una organización delictiva a cambio de pagos millonarios.
En una presentación digital, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas, detalló que hasta la fecha 11 servidores públicos están bajo investigación y no se descarta la implicación de otros.
Tal es el caso de Sergio Tobías Salas, subdirector regional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quien organizaba operativos en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo para la transportación de drogas, contrabando, secuestros y homicidios, actividades por las cuales recibía de 100 mil a 150 mil pesos mensuales.
Manuel Jesús Cícero Salazar, exdirector de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, informaba dónde se iban a realizar los operativos de la Fiscalía del Estado para prevenir a un grupo delictivo, quitaba retenes y revisaba vehículos que no pertenecían a la organización, por ello los criminales le pagaban 500 mil pesos mensuales.
En el caso del agente de la Policía Ministerial Julio César Esquivel, pasaba información de los movimientos que había dentro de la Policía Estatal, lo cual le valía un pago de 30 mil a 50 mil pesos mensuales.
En tanto, la encargada de la subdelegación de Procedimientos Penales B de la PGR en Saltillo, Claudia González López, ayudaba a los miembros de el mismo cártel para que las imputaciones no fueran por delitos graves y salieran bajo fianza, por lo cual se beneficiaba con 100 mil pesos cada mes.
Actualmente todos ellos están en prisión y sujetos a proceso penal.
"La PGR ofrece hasta 3 millones de pesos a quien proporcione información veraz y útil para la localización de Humberto Torres Charles, 'Glenda'; Enrique González Nava, 'Yaqui'; Jorge Luis Balbuena Flores, quienes cuentan con orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos contra la salud", detalló el subprocurador aludiendo a los prófugos.
El primero de ellos, "Glenda", laboraba en la Secretaría de Salud de Coahuila, sin embargo, mantenía el control al interior de la Fiscalía del Estado para desviar las investigaciones, actividad por la cual le pagaban 300 mil pesos al mes.
En el caso de Balbuena, quien es policía federal, recibía 70 mil pesos para avisar a los miembros de ese cártel sobre los operativos, y Yaqui, en su cargo de jefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por 600 mil pesos mensuales, repartía la nómina del narcotráfico entre su personal.
Adicionalmente cuatro personas se encuentran arraigadas, se trata de Juan Fermín Medina Torres, agente de la Policía Investigadora del Estado; Cuauhtémoc Rosales Galindo, policía investigador; Enrique Sánchez Zapata, policía estatal, y Álvaro Martínez de la Fuente, Policía Federal Ministerial.
"(Son) servidores públicos que en el ejercicio de la función que les fue encomendada para servir a la ciudadanía se aprovecharon de ésta y abusaron de sus atribuciones para beneficiar a los criminales", enfatizó Cuitláhuac.
El funcionario informó además que hasta la fecha se han cateado nueve domicilios en Saltillo y dos en Monterrey, uno de los cuales tiene un valor aproximado de 15 millones de pesos.
