Es común escuchar que el rumbo de México debe ser el camino de las instituciones. En el ámbito público, la institucionalidad supone que las tareas del Estado se desarrollan en un ambiente de legalidad, certidumbre y estabilidad.
En lo que respecta a la auditoría gubernamental, la consolidación de las entidades encargadas de la fiscalización depende del nivel de confianza que genere su trabajo para todas las instancias interesadas, esto es, Cámara de Diputados, entes auditados, medios de comunicación, academia y población.
La independencia se refiere a la necesidad de que el auditor sea ajeno a las prioridades del ente auditado, a la contienda política e, inclusive, a la opinión pública, con el fin de realizar su trabajo sobre la base de la veracidad e imparcialidad; es la actitud del auditor respecto de la institución que es revisada - sustentada en la honestidad y en el profesionalismo-, y es un requisito necesario para que los resultados de la fiscalización sean válidos.
Cuando la independencia se convierte en un principio estratégico institucional, se evitan situaciones -como el conflicto de interés- en donde se pudiera privilegiar compromisos personales sobre la responsabilidad pública.
Por su parte, la autonomía es una condición indispensable para que la labor de auditoría se efectúe al margen de presiones e influencias externas. Específicamente, las Entidades deFiscalización Superior (EFS) deben estar blindadas y protegidas en la parte técnica de su trabajo -qué auditar y cómo auditar -, y en la forma de administrar sus propios recursos humanos y financieros.
En la práctica, el contenido de los informes de auditoría debe ser el producto de la libertad del auditor para decidir, sin presiones externas, qué incluir y cómo expresar los resultados y conclusiones, todo ello con base en la aplicación de sus criterios y metodologías.
La labor de fiscalización conlleva riesgos de controversia y confrontación. La única manera de superar estos retos y mantener la credibilidad institucional en el largo plazo es mediante el ejercicio cabal de la independencia en la tarea auditora. Desde hace 10 años, éste ha sido el caso de la ASF.
Los conceptos de autonomía e independencia no son una improvisación o una ocurrencia para distinguir la labor de auditoría gubernamental de otras tareas del Estado, sino más bien forman parte de las mejores prácticas en el ámbito internacional y reflejan las condiciones prevalecientes en las democracias avanzadas.
De hecho, estos principios son la base sobre la cual se sustentan las normas profesionales de fiscalización pública emitidas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
La Intosai es un organismo internacional cuya meta central es promover el intercambio de ideas, experiencias y capacitación sobre la auditoría gubernamental en todo el mundo; ha pasado de 34 miembros iniciales, en 1953, a 189 en 2012.
En este contexto, de igual manera en la arena internacional, la Asamblea General de la ONU emitió, el pasado 22 de diciembre, la resolución sobre el: "Fomento de la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia de la administración pública a través del fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores", la cual tiene una trascendencia histórica para la existencia y el funcionamiento de los organismos pares de la ASF.
En esta resolución se reconocen aspectos centrales para las EFS, como la independencia en relación con la entidad auditada y la necesidad de que cuenten con protección contra cualquier influencia por parte de terceros.
Asimismo, los miembros de la ONU reconocen el papel que la fiscalización superior juega para que los aparatos gubernamentales adopten prácticas eficientes y eficaces, en beneficio de los procesos de rendición de cuentas.
En consecuencia, la resolución sugiere que los miembros de la ONU consideren los principios establecidos en las declaraciones de Intosai sobre las líneas básicas de la fiscalización (Lima, 1977), y respecto a la independencia de las EFS (México, 2007).
En nuestro país, el papel de la ASF en la rendición de cuentas es fundamental, junto a otras instituciones. Sin embargo, podemos considerar que aún existe una falta de coordinación respecto a los esfuerzos en materia de auditoría, control y evaluación de la administración pública.
Se requiere, por tanto, lograr un esquema integral de fiscalización que permita avanzar en la consolidación de las instituciones encargadas de la auditoría gubernamental y, así, generar una mayor confianza en su trabajo.
En este sentido, el Sistema Nacional de Fiscalización que ha propuesto la Auditoría Superior de la Federación constituye un proceso -actualmente en etapa inicial- que propiciará las condiciones necesarias para una efectiva rendición de cuentas. Este sistema deberá ser un proyecto nacional prioritario por el bien de México.
