Atrapados en medio del conflicto entre las FARC y el ejército colombiano, los indios y mestizos del departamento de Cauca en el sur-oeste del país son víctimas de la violencia de una cruenta guerra de más de cinco décadas.
No están ni con unos ni con otros. Sufren la violencia que se recrudece en el mes de julio: aumenta el número de muertos, de desplazados y de viviendas destruidas. La constitución colombiana reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, pero el presidente Juan Manuel Santos se negó el miércoles a desmilitarizar la zona pese a la petición de los pueblos originarios. De acuerdo con informaciones publicadas en medios colombianos, latinoamericanos y españoles, el gobierno colombiano tampoco garantiza la seguridad de las comunidades ni atiende las demandas de las víctimas. En la lógica de la guerra, los derechos humanos de víctimas poco o nada cuentan. Deberían ser factor central.
Los nasas, etnia mayor el norte del Cauca, se ha propuesto desalojar de su territorio ancestral a las fuerzas de seguridad y a los rebeldes. La crisis más reciente tuvo lugar cuando entre el viernes y el sábado pasados las FARC lanzaron bombas, se enfrentaron con el ejército e hirieron a dos personas y destruyeron 40 casas, obligando a desplazarse a 600 habitantes. Según publican EFE y El País, unos mil nasas tomaron sus bastones de madera y salieron a buscar a los guerrilleros de las FARC en las empinadas montañas. Otro grupo de 300 nasas salió a desmantelar las trincheras de las fuerzas armadas y del ejército.
Pretenden expulsar a militares y guerrilleros y han tomado la acción en sus manos: un grupo perteneciente a la Guardia Indígena -integrada por 4 mil indios de ocho municipios del Cauca- desmontó garitas y cubrió trincheras de militares en un cerro cercano, a una hora de Toribio. Desalojaron tropas del ejército en una base cercana en las montañas, obligaron a guerrilleros a retirarse de dos carreteras donde mantenían el control del tráfico. Ahora buscan contactar a los mandos regionales de las FARC.
Este año han tenido lugar 12 ataques contra Toribio, la mitad de ellos ocurrió este mes de julio. La violencia afecta a diversas comunidades. El martes una motocicleta bomba de la guerrilla mató a un niño de nueve años e hirió a cinco personas en el municipio de Argelia. El mismo día las autoridades descubrieron en la cancha de futbol de Toribio explosivos, ahí donde juegan niños y donde aterrizaría el avión del presidente Santos que iba a presidir un consejo para atender la emergencia.
A unos 300 kilómetros de Bogotá la violencia es cuestión de cada día, con ella tienen que vivir y no están dispuestos a hacerlo. El Cauca tiene alrededor de 60% de su población en pobreza. La Guardia Indígena tiene como objetivo el "control de las comunidades y los gobernadores de la región". Sacar al ejército y a las FARC de su territorio. Santos ya dijo "no", pero en poblaciones caucanas la diferencia la marcan los indígenas que se resisten a quedar atrapados en medio del conflicto. Así lo afirma la Asociación Indígena del Norte del Cauca. Van 110 muertos y alrededor de 6 mil desplazados, en su mayoría comerciantes mestizos. Los indígenas resisten, están decididos. Aunque Santos diga que no desmilitarizará "un solo centímetro del Cauca".
Frente a la posición de Santos, indígenas colombianos piden la mediación de Baltasar Garzón, quien ha abogado por sus derechos humanos. Están decididos y van con todo. La etnia mayor del norte del Cauca, los nasa, se ha propuesto desalojar de su territorio a las fuerzas de seguridad y a los rebeldes. El presidente colombiano debiera escuchar, priorizar la atención a las víctimas y garantizar la seguridad de las comunidades. Pero en Colombia seguramente eso es mucho pedir en la lógica de la guerra, en el lenguaje de las armas… En este caso, las víctimas, los indígenas, han decidido tomar las cosas en sus manos, con su guardia armada con bastones de madera. Su lógica es otra, sólo quieren vivir en paz, así lo han decidido.
En México también se echa para atrás la atención a víctimas del delito cuando el Presidente no firma la ley aprobada por el Congreso.