Rechazo a condena.Varios centenares de manifestantes se concentraron ayer en la madrileña Puerta del Sol para expresar su 'indignación' y 'vergüenza' por la inhabilitación del juez Baltasar Garzón.
Baltasar Garzón fue condenado por extralimitarse en sus funciones durante la investigación de una trama corrupta y quedó oficialmente apartado de la carrera judicial durante los próximos 11 años, completando una espectacular caída en desgracia del juez más famoso de España.
En una sentencia de 70 folios, el Tribunal Supremo enterró prácticamente el futuro profesional del hombre que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet.
El Supremo dijo que las decisiones que le han costado la condena al jurista fueron propias de "regímenes totalitarios".
CARTA DE SU HIJA
María Garzón, hija del magistrado, hizo llegar una carta a los medios de comunicación dirigida a supuestos enemigos de su padre, sin mencionarlos, en la que advirtió "nos han tocado, pero no hundido... hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente".
Unas 500 personas se concentraron a última hora de la tarde en la céntrica Puerta del Sol de Madrid en apoyo de Garzón, luciendo carteles en los que mayoritariamente se podía leer "vergüenza".
"Jamás imaginé que España fuera a caer en la ignominia. Ojalá se recurra a tribunales internacionales", señaló Sara Malinarich, una artista chilena de 36 años que lleva 12 viviendo en el país ibérico. "Este hombre nos ayudó (a Chile) y ahora vivo este proceso absolutamente doloroso". Por su parte, el gobierno evitó hacer una valoración política del veredicto y expresó su máximo respeto por las decisiones judiciales.
Garzón, de 56 años, fue hallado culpable del delito de prevaricación --dictar a sabiendas una resolución injusta-- por su rol en el llamado caso "Gürtel" que destapó una trama corrupta en la administración pública y salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones entre varios acusados de la trama y sus abogados en prisión. La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
El fallo del tribunal de siete magistrados que juzgaron a Garzón consideró que su decisión fue "injusta" al "restringir arbitrariamente" el derecho de defensa de los encarcelados.
Según el alto tribunal, este tipo de actuaciones "sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos".
En el juicio celebrado entre el 17 y el 20 de enero en Madrid, Garzón aseguró que al ordenar esas escuchas trataba de impedir un delito continuado de evasión y blanqueo de capitales, en el que estaban implicados algunos abogados.
Pero la sentencia estableció que no existía dato alguno "que pudiera indicar mínimamente que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos".
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideraron damnificados por Garzón, solicitaba hasta 17 años de inhabilitación. Pero el Supremo dejó la condena en 11 y una multa de unos 3,350 dólares.
Además del caso "Gürtel", el magistrado español está pendiente de sentencia en el juicio que finalizó el miércoles por su investigación de los crímenes del franquismo. En esta causa, también está imputado por prevaricación y se solicitan 20 años de inhabilitación.
Garzón, que estaba suspendido temporalmente de sus funciones desde mayo de 2010, queda automáticamente apartado de cualquier trabajo dentro del sistema judicial español durante 11 años.
Efe
Rechazo frontal a la condena
El juez Baltasar Garzón rechazó "frontalmente" la condena a 11 años de inhabilitación que le impuso ayer el Tribunal Supremo español, y anunció que recurrirá a las vías legales para combatir la sentencia que, a su juicio, "elimina toda posibilidad de investigar la corrupción" . El Alto Tribunal encontró al magistrado español culpable de prevaricación por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de una trama de corrupción con sus abogados, conocida como "caso Gürtel", que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular y sus abogados. En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad" . Señala, además que "contribuye gravemente, en el afán de acabar con un juez en concreto, a laminar la independencia de los jueces en España" .
Garzón denuncia que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas.
La carrera judicial de Garzón
⇒ Durante los 22 años que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia del socialista Felipe González (1982-1996).
⇒ Investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.