Los ex funcionarios son acusados de daño patrimonial al erario de Oaxaca por más de 4 mil millones de pesos. (Archivo)
Nueve colaboradores del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz fueron inhabilitados para el servicio público por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, por habérseles encontrado responsabilidades en un daño patrimonial al erario del gobierno estatal, que asciende a más de 4 mil millones de pesos, informó el gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Uno de estos ex servidores públicos que estuvieron o están sujetos a un proceso administrativo y/o penal, es el ex director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Armando González Bernabé, quien fue inhabilitado por un periodo de 20 años, dijo a la prensa el gobernador oaxaqueño.
Al término de la firma de dos convenios con el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, el gobernador de Oaxaca dijo a la prensa que esta determinación fue tomada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, luego de analizar los resultados de las auditorias practicadas a CAO durante el último ejercicio fiscal de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Cué Monteagudo informó que en días próximos, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, dará a conocer a la opinión pública un reporte en torno a las inhabilitaciones que se hicieron acreedores diversos servidores públicos de la administración estatal que concluyó el día 30 de noviembre del año 2010.
Durante el acto protocolario en el que se suscribieron el Acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y el Convenio de Colaboración de las Tecnologías de la Información, el gobernador de Oaxaca dijo que se practicaron 56 procesos de fiscalización para revisar y vigilar el correcto ejercicio del presupuesto de las dependencias y entidades, de los cuales derivaron observaciones por un monto superior a los 4 mil millones de pesos, por presuntas faltas administrativas.
De un universo de 77 instituciones, se auditaron 46, lo que representa un incremento del 60 por ciento frente a las 16 que fueron atendidas en el 2010, agregó.
En 2011, se amonestó a 1,390 servidores públicos y se sancionó económicamente a 54, por un importe de 6.2 millones de pesos; 2 más fueron suspendidos de su cargo; 9 fueron inhabilitados, y 67 absueltos.
