La descomposición que vive el país y la región en materia de seguridad pública que se traduce homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos violentos, exige de las autoridades un mínimo de seriedad y compromiso. Seriedad al momento de interpretar y hacer frente a la realidad y compromiso para modificarla de fondo.
Cuando las autoridades están más preocupadas por generar una percepción en la sociedad que por resolver de fondo un problema, es común que se comentan errores que tarde o temprano quedan en evidencia, y abonan a incrementar la desconfianza ciudadana. Eso es lo que les ha pasado a los responsables de la seguridad pública en la Federación, el Estado y el Municipio.
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada la semana pasada, el presidente de la República, Felipe Calderón, presumió una disminución del 7 por ciento en el número de homicidios dolosos durante el primer semestre de 2012. Por sí sola la cifra parece alentadora, pero el optimismo que genera se matiza si el dato se pone en perspectiva. En un lustro el número de asesinatos cometidos al año en el país creció más de 100 por ciento, al pasar de los 10 mil 253 reportados en 2007, a los 22 mil 487 registrados en 2011, según la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Frente a este descomunal incremento, la actitud triunfalista que asume el primer mandatario se antoja prematura, sobre todo cuando existen regiones, como La Laguna, que permanecen dentro de una espiral de violencia.
En Coahuila, las autoridades estatales han incurrido reiteradamente en el mismo error. A escasos tres días de haber concluido el mes más violento en la historia reciente del municipio de Torreón -junio, con 112 homicidios-, el gobernador Rubén Moreira, en una visita por la región, el gobernador declaró airoso: “creemos que hemos frenado una espiral de violencia”. Y nada más en los primeros 15 días de julio ocurrieron 70 asesinatos.
Este hecho motivó a las corporaciones policiacas de los distintos niveles de gobierno a hacer ajustes en el operativo “Laguna Segura”. Para la segunda quincena de julio, el número de homicidios en Torreón bajó a 16, con lo que se cerró el mes con 86 crímenes. Al primer indicio de baja en los asesinatos, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jorge Luis Morán, salió presto a declarar que los “ajustes” estaban funcionando. Y esta postura fue respaldada por las demás autoridades en la reunión de evaluación del operativo sostenida el 23 de julio.
No obstante, las mismas corporaciones reconocieron que no habían podido frenar los robos, principalmente los de vehículo, y días más tarde el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, admitió que los secuestros y las extorsiones iban en aumento, aunque no proporcionó cifras.
Y para contradecir el ánimo de las autoridades, agosto inició con 8 muertes violentas en la región, seis en Torreón y dos en San Pedro; el pasado viernes se registraron 3 homicidios, y el sábado fueron asesinados dos policías en un ataque de un comando armado. Es decir, lejos del discurso de las autoridades, la violencia no se ha ido.
Por eso, resulta urgente que los tres niveles de gobierno se apliquen a resolver el problema de la inseguridad de fondo y no sólo se esmeren en crear una percepción que no termina por reflejarse en la realidad. Más que triunfalismos, los que se requiere es seriedad y compromiso.