El gobierno de Veracruz volvió a exigir al gobierno federal la devolución de 25 millones de pesos incautados a dos de sus empleados a principios de año en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.
El subprocurador de Justicia del estado, Antonio Lezama Moo, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) declararse incompetente del asunto para acelerar la devolución de los recursos que serían destinados para el pago de la organización de varios festivales, como Cumbre Tajín y el Carnaval.
"Han pasado más de 50 días sin que la Procuraduría General de la República se haya pronunciado o haya dado respuesta a la petición de devolución del numerario puesto a su disposición planteada el 10 de febrero en el oficio PGJ/OP/1064/2012, en donde se señala y acredita la licitud tanto del origen como del destino de esos recursos", acusó.
En conferencia de prensa, aseguró que desde hace 35 días peritos de la PGR determinaron que los recursos tenían un origen lícito y que las dos personas que trasladaban los recursos eran empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Detalló que se trata del dictamen pericial oficial con folio 14578 Ant: 12100,9421,8402 de fecha 29 de febrero del presente año, suscrito por Fabián Martínez Romero, Yanira Ivette Valle Robledo, y Jorge Moreno Montealegre, peritos adscritos al departamento de Asuntos Fiscales de la Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR.
"Se acreditó plenamente ante las instancias correspondientes que las personas que portaban el numerario, son servidores públicos estatales adscritos a las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública, y que estaban autorizados, mediante oficio de comisión para trasladar esos recursos, situación que evitó desde un inicio que fueran arraigados o detenidos", recordó.
Ante ello, informó que enviaron un oficio a la titular de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, Marta Guadalupe Ponce Ibarra de León, para que se declaren incompetentes para atender el caso y devuelvan los recursos.
"La administración estatal no ha sido informada ni ha recibido notificación alguna de la situación jurídica que guarda el numerario... el gobierno del estado se opone al abandono de los recursos mencionados", dijo.
