El Gobierno irlandés instó hoy a los trabajadores a votar a favor de la ratificación del tratado de la Unión Europea (UE) sobre disciplina fiscal en el referéndum del 31 de mayo, a pesar de que un número importante de sindicatos se oponen.
El llamamiento del Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas se produce un día antes de que el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) dé a conocer su postura sobre este asunto a todas las organizaciones de trabajadores afiliados.
Su secretario general, David Begg, ha advertido de que el texto comunitario dará carta blanca a los Gobiernos para aplicar más medidas "dolorosas" de austeridad, pero también reconoce que su rechazo impedirá a Irlanda acceder a fondos europeos en caso de que vuelva a necesitar ayuda económica de la UE.
El ministro irlandés de Finanzas, el conservador Michael Noonan, afirmó hoy que el rechazo al tratado deteriorará, además, la imagen del país a los ojos de los inversores extranjeros, lo que, en consecuencia, dijo, afectará a los programas de creación de empleo del Gobierno.
El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores, el laborista Eamon Gilmore, ha recomendado a los trabajadores votar a favor del tratado, independientemente de la posición que adopten los "ejecutivos sindicalistas".
De momento, Mandate, Unite y el Sindicato de Ingeniería Técnica y Eléctrica (TEEU), que representan a casi 200,000 trabajadores en Irlanda, han pedido a ICTU que presente un frente común en contra del tratado.
Aun en el caso de que la mayoría del electorado irlandés rechace el tratado, esa decisión no impedirá que entre en vigor, pues solo se precisa el apoyo de doce países de la UE.
No obstante, el Ejecutivo de Dublín insiste en que el "no" afectaría la posición de Irlanda en la zona euro y le impediría, por ejemplo, acceder a los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera en caso de que necesite un segundo rescate.
Desde finales de 2010, este país sobrevive gracias al programa de ayuda de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuantificado en 85,000 millones de euros.