Son tiempos electorales y los políticos apoyan leyes que puedan ser populares aunque tengan terribles consecuencias. Éste es el caso de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas aprobada por el Congreso y publicada por el presidente Felipe Calderón el pasado 14 de junio.
¿Quién podría estar en contra de una ley contra la trata de personas? Virtualmente ningún político se ha atrevido. El problema, en mi muy solitario punto de vista, es que la ley es innecesaria en su propósito fundamental de combatir la trata de personas, pero viola garantías individuales al castigar a medios de comunicación y arrendadores de locales por hacer su trabajo de comunicar y arrendar.
Las leyes mexicanas han prohibido desde siempre la trata de personas. Miguel Hidalgo proscribió la esclavitud, so pena de muerte, el 6 de diciembre de 1810. La república independiente lo hizo el 15 de septiembre de 1829. Desde entonces ha sido ilegal en México retener a una persona en contra de su voluntad para hacer trabajos o actividades de cualquier índole.
En México, por otra parte, es legal la prostitución. La nueva ley no la prohíbe. Se proscribe desde hace tiempo el lenocinio, que es la conducta que sanciona la nueva legislación, la cual no añade nada en este tema a las leyes que ya existían.
Lo que sí es nuevo bajo el artículo 33 de la nueva ley es el castigo, con penas de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días de multa, "a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que… publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma".
Esta disposición viola las libertades de expresión y publicación que protegen los artículos sexto y séptimo de la Constitución. Busca castigar a editores o ejecutivos de medios que publiquen anuncios de prostitución, a pesar de que la prostitución sigue siendo legal en nuestro país. El propio presidente Calderón dijo el 13 de junio, al firmar la iniciativa, que se castigará a quienes publiquen estos anuncios aunque los servicios "se disfracen de actividades legales". Esto quiere decir que los medios de comunicación tendrán que convertirse en investigadores de las actividades personales de quienes acudan a contratar publicidad.
Pero la letra de la ley es mucho peor de lo que presume el presidente. El artículo 33 habla de publicar "contenidos", y no sólo anuncios, "a través de los cuales [se] facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma". Con esta ley el gobierno mexicano no solamente habría encarcelado a Vladimir Nabokov, autor de Lolita, sino también a su editor y al director de comercialización de la editorial.
Un problema similar surge del artículo 34 que castiga con dos a siete años de cárcel a quienes, "a sabiendas", den en comodato, arrienden o alquilen un bien inmueble, casa o habitación en que se cometan delitos tipificados en esta ley. Se sanciona no a quien participa en la trata sino a quien alquila un bien raíz. Si bien es cierto que la ley específica que el castigo se aplicará a quien lo haga a sabiendas, sabemos lo difícil que es demostrar ante un juez que uno no sabía que un inmueble se usaría para un fin ilícito.
Son tiempos electorales y los políticos buscan promoverse con leyes populares. Pero esta ley no sólo no aporta nada a combatir la trata sino que afecta derechos individuales muy importantes.
NUEVO RESCATE
Un nuevo gobierno griego tratará de renegociar el rescate de su país. El argumento será que un plan de austeridad demasiado severo haría que tarde o temprano la izquierda y la derecha radicales tomaran el poder en Grecia.
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