Soslayada por la Secretaría de Economía la compra ilegal por parte de la firma estadounidense Brink's de la empresa transportista de valores Servicio Panamericano de Protección, el numerito está en vías de un segundo acto con la adquisición por parte de la española-argentina Prosegur del Grupo Mercurio de Transportes.
Como usted sabe, la Ley de Inversiones Extranjeras prohíbe la participación mayoritaria del capital extranjero en empresas transportistas, en congruencia con lo cual se planteó una reserva en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con excepción de las firmas de mensajería, aunque limitándose su capacidad de carga.
El asunto ha provocado la creación de una subcomisión legislativa al interior de la Cámara de Diputados, cuyas indagaciones han colocado varias perlas en la mesa.
De entrada, se habla de que la operación que se pretende legalizar ya se había realizado en lo oscurito. Dicho con todas las letras, la firma que opera como Grumer ya había sido adquirida por el capital extranjero.
La operación se pactó el 29 de enero de 2008, en un escenario en que los socios mexicanos de la firma transportista de valores, Javier Artigas y Cuauhtémoc Morales, recibieron los recursos.
El primero habría recibido 7 millones de dólares y el segundo 32 millones de pesos.
Los recursos se fueron depositando paulatinamente en dos cuentas de Scotiabank, es decir, el banco canadiense que adquirió Inverlat.
El contrato, de acuerdo a la comisión legislativa que investiga el asunto, se firmó con la empresa Pro-S Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión de Efectivo, es decir, la firma que Prosegur España integró en México.
La empresa la encabeza Miguel Escobedo y Fulda, apareciendo como socios su propia esposa y sus hijos.
La paradoja del caso es que cuatro años después se plantea legalizar la operación vía la figura de "capital neutro", es decir, Prosegur no tendría voto en las decisiones de la compañía… quedando como socios los mismos que detentaba la empresa.
Prestanombres al servicio de la causa en un ejercicio de simulación que se ha vuelto cotidiano en el país.
Estamos hablando, pues, de crear una empresa con supuesto perfil mexicano, pero dominada por el capital extranjero.
Como usted sabe, cuando el Servicio Panamericano de Protección estaba en poder de 13 bancos, entre ellos comerciales como Banamex, Santander, Banorte y de desarrollo como el Bancomext, llegó la empresa estadounidense Brink's a adquirir 20% del capital.
Las acciones se mantuvieron en un fideicomiso de Nacional Financiera.
Sin embargo, cuando la firma se adjudicó el 100% de éstos, la Secretaría de Economía le abrió la puerta para crear una empresa con supuesto capital mexicano.
Lo dramático del asunto es que ante lo inaudito de las maniobras que se permiten en el país, PriceWaterhouse, la firma auditora de Prosegur, se ha negado a consolidar las operaciones de ésta, ante el riesgo de un escándalo que minara su prestigio ganado a través de los años.
Por lo pronto, en la carambola, la simulación de la compra de empresas transportistas de valores por el capital extranjero coloca en problemas a la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que tras ellas hay un ejército de custodios armados a las órdenes de extranjeros o de prestanombres de éstos.
¿Nos esperamos a que en Estados Unidos se arme el expediente para luego hacer cara de sorpresa cuando nos llegue el alud?
BALANCE GENERAL
A iniciativa del senador Tomás Torres Mercado de la bancada del Partido Verde Ecologista, la Comisión Permanente del Congreso analiza la posibilidad de citar a comparecer al presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, para explicar las telas de la decisión de la dependencia de condonar la megamulta de casi 12 mil millones de pesos aplicada a Telcel por supuesta reincidencia en prácticas monopólicas relativas. Como usted sabe, la instancia "canjeó" la pena pecuniaria por una serie de compromisos, la mayoría de los cuales ya se aplicaban en la práctica.
De acuerdo al legislador las multas, a contrapelo de lo que sostiene la CFC, no pueden trocarse por compromisos.
La instancia, señala el legislador, había invertido fuertes cantidades de tiempo y recursos en la investigación.
En última instancia, se señala en la propuesta, el titular de la dependencia debe explicar a detalle cuáles son los efectos económicos, de cara al público consumidor, que representan los compromisos.
El texto habla de "intereses oscuros".
OTRO POR MEXICANA
Ante los titubeos de Med Atlántica, cuyos inversionistas al parecer se pelearon, está surgiendo un nuevo postor para Mexicana de Aviación. Estamos hablando de la firma Fides Gestión Financiera, encabezada por Francisco Campuzano. La empresa tiene su sede central en Monterrey.
De hecho, ayer se realizó un primer acercamiento con el juez que lleva el concurso mercantil de la línea aérea, Felipe Consuelo Soto.
El quiebre de Med Atlántica se inició ante los evidentes pretextos asumidos por la Tenedora K, dueña de 95% de las acciones, para inflar el precio de canje de éstas: Que el cheque debería endosarse a otra razón social, que esperó 10 minutos y no llegó la contraparte, que los martes no firma porque es de mala suerte…
La firma interesada se dedica a realizar análisis financieros para, según ello, hacer más redituables las inversiones.
OTRA VEZ MARTÍNEZ POUS
Con una rapidez inusual para casos similares, el presidente Felipe Calderón ratificó a Gonzalo Martínez Pous como integrante del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con la novedad de que esta vez el periodo será de ocho años.
Designado al amanecer del sexenio para un lapso de seis años, Martínez Pous fue "bateado" por el Senado al considerar que no reunía las condiciones idóneas, decisión que el afectado litigaría ante los tribunales.
El asunto llegaría a la Suprema Corte, quien le dio la razón. Para entonces, el abogado que fue compañero del presidente Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho, había sido nombrado jefe del Jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cargo al que renunció.
La actuación del ratificado ha sido impugnada por la mayoría de empresas del ramo.
AL FIN QUE NO QUERÍA
En la posibilidad, pese a la tibieza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que se le cancelara la licencia para operar, la casa de bolsa Bulltick Capital Markets decidió levantar su tienda hacia otros lares.
Como recordará, la intermediaria fue la responsable del caos que se generó en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 15 minutos del 23 de marzo pasado, al plantear una serie de posturas absurdas, según ello por error.
El director general de la firma, Alejandro Creixell, dice que la decisión de retirarse se había tomado desde enero.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
