Investigan en EU venta en México de patrullas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por la presunta corrupción en la que podrían estar involucradas plantas armadoras de vehículos de ese país, por la venta en México de automóviles que han sido convertidos en patrullas y los cuales habrían sido adquiridos con sobreprecio.
La investigación inició con la denuncia que interpuso en junio pasado en Washington José Luis Moyá, quien durante años se ha dedicado a hacer acopio de los contratos que las distintas administraciones locales y federales han realizado de cerca de 30 mil automóviles y camionetas.
De acuerdo con la denuncia que por escrito presentó Moyá, y que posteriormente ratificó personalmente en una diligencia que duró varias horas ante varios funcionarios del FBI, las transacciones indebidas rebasarían los 300 millones de dólares e implicarían operaciones de lavado de dinero.
La misma acusación fue entregada por el denunciante al equipo del senador Carl Levin, quien preside el subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos y quien recientemente exhibió al banco HSBC por haber permitido que el narcotráfico lavara miles de millones de dólares.
En la denuncia, Moyá asegura que desde el año 2000 distintas autoridades mexicanas han adquirido vehículos de General Motors, Chrysler y Ford para habilitarlos como patrullas, pero que en lugar de adquirir los automotores en la planta --como ocurre en EU-- se adquieren en las concesionarias de las firmas automotrices, en donde los precios son inflados con el argumento del acondicionamiento que les tiene que hacer.
Según el documento, la transparencia de precios en EU no dejaría a las autoridades mexicanas margen para pagar sobrecostos o incurrir en actos de corrupción.
"Los gobiernos federal, local o estatal no compran coches de la policía fabricados en las plantas de General Motors, Ford y Chrysler (en EU) porque los precios están abiertos al público y por lo general los equipos son mejores y más baratos de los que hay en México", señala el documento redactado en inglés.
Como ejemplo de los sobreprecios con los que se comercializan los vehículos, en la denuncia se asegura que una patrulla tipo Charger comprada en la planta en Estados Unidos, con todo el equipamiento que las policías en México requieren, cuesta 28 mil dólares, mientras que en México, por un automóvil de la misma marca, tipo y modelo --convertido en patrulla por las agencias distribuidoras-- pagan 38 mil dólares.
También señala el caso de las camionetas tipo Pick Up que usa la Policía Federal, las cuales cuestan 43 mil dólares en la planta del fabricante en Estados Unidos, mientras que la corporación las adquirió en México en 70 mil dólares.
En la denuncia subraya que la corrupción consiste en que ciertas agencias distribuidoras se ven favorecidas con las licitaciones, previo acuerdo con los funcionarios encargados de la adquisición.
Los vehículos son acondicionados por las agencias con torretas, sirenas, cámaras de video, radios, balizamientos, entre otros aditamentos que son inflados en sus costos para obtener una ganancia ilícita que es compartida entre las autoridades y los vendedores, acusó Moyá.
Según la denuncia, para que los implicados puedan distribuirse el dinero, deben hacer operaciones de lavado de dinero en el que las armadoras podrían estar implicadas o afectadas, pues se desconoce si las agencias reportan la venta con el precio de lista, es decir, antes del acondicionamiento, o posterior a éste, ya con los precios inflados.
