Al menos dos enfermeros permanecen detenidos e investigadas por haber provocado presuntamente la muerte a decenas de pacientes terminales de un centro de salud público y en otro privado, se informó el domingo, y el ministerio de Salud Pública inició inspecciones en los servicios involucrados.
El ministerio entregó un comunicado de prensa en el que informó que sus autoridades "están colaborando con la investigación policial y judicial que se está llevando adelante y se mantienen atentas a los resultados de la misma" .
Expresó la preocupación del ministerio en torno al caso e informó que se investigan los "servicios afectados para recabar más datos".
El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, no respondió a los llamados telefónicos de la AP.
La AP entrevistó al inspector José Luis Roldán, director de relaciones públicas de la jefatura de policía, que confirmó las versiones de prensa sobre el caso, pero dijo que serían dos y no tres los detenidos, como han informado los medios periodísticos. Sus nombres no fueron revelados de inmediato, pero ambos seguían siendo interrogados por la policía y la justicia para tomar decisiones.
"Las primeras investigaciones parecen determinar que los presuntos implicados traían algún medicamento no autorizado del Brasil, vaya uno a saber qué veneno", dijo el funcionario.
"Las denuncias comenzaron a llegar hace un tiempo por parte de familiares y se comenzaron las investigaciones", dijo Roldán al confirmar las informaciones divulgadas por los medios de prensa.
"Hay un gran revuelo por todo esto", afirmó y dijo que hay reuniones con los jerarcas de Salud Pública y los investigadores e interviene la justicia contra el crimen organizado.
El juez a cargo de la causa, Rolando Vomero, dijo al diario El Observador que funcionarios de los dos centros de salud fueron detenidos luego de varios días de investigación y tras una denuncia de sus compañeros de trabajo, que alertaron por la muerte "repentina" de pacientes que estaban internados.
El diario El País informó, citando fuentes judiciales, que los indagados llegaron a hablar de 50 muertes, aunque los investigadores policiales conjeturan que el total de casos sería muy superior y podría llegar a 200.
El director de relaciones públicas de la jefatura policial, señaló en la entrevista con AP que en principio se "habla de hasta 60 muertos, pero hay versiones, incluso alguna del exterior que dicen que pueden ser hasta 200 los muertos".
Roldán dijo que no podía indicar si en los casos pudiera haber tráfico de órganos.
El funcionario informó que hay dos centros de salud involucrados: el privado Sociedad Española y el hospital Maciel, del ministerio de Salud Pública. No hubo reacciones de ambos centros asistenciales.
El diario La República informó que uno de los enfermos investigados tiene 46 años de edad, y que habría declarado que había "perdido la cuenta" de la cantidad de pacientes a los que quitó la vida. El otro enfermero, de 39 años, confesó unos 50 crímenes del mismo tipo, según el diario. Ambos trabajadores, se relacionaban escasamente entre sí.
El secretariado ejecutivo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en un comunicado que publica El País, lamentó "la inseguridad que estos trascendidos generan a nuestros usuarios que reiteramos que son situaciones aisladas que no involucran a los demás trabajadores".
