Jon M. Keynes consideraba que la inestabilidad de la demanda agregada era el origen de los problemas económicos y concibió la política fiscal como un instrumento universal capaz de resolverlos todos. Señaló que el Estado "tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de su sistema de impuestos, definiendo con lo anterior la política fiscal activa.
México es uno de los países con peor recaudación de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), al inicio de 2009 México recaudaba 20.9 puntos del PIB, mientras que al inicio de 2012 apenas alcanzó a recaudar el equivalente a 19.7 puntos del PIB, si consideramos que los países de la OCDE recaudaron en promedio 34% del PIB, México se encuentra muy por debajo de una posición recaudadora eficiente, solamente considerando a Dinamarca que registró el equivalente a 48.1% del PIB en ingresos tributarios o Suecia con 44.5% del PIB por ejemplo.
La diferencia es que nuestra nación no ha vivido cuatro años de recesión o presenta tasas de desocupación superior a dos dígitos, ni tampoco está en medio de una crisis bancaria, por lo que la baja recaudación limita mucho las posibilidades de crecimiento.
En México la tasa gravable del ISR es del 30%, y no arrojan mayores ingresos de los proyectados, debido a que la base de contribuyentes es muy pequeña, sólo recordemos que el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA) está registrada en alguna institución de seguridad social por decir algo. Es decir, el problema de México no es la tasa, sino la poca cantidad de contribuyentes, es precisamente ahí donde la economía mexicana no ha tenido la evolución que de ella se espera al compararla con la de otros países, por lo que la pregunta básica es ¿cómo podemos ampliar el número de contribuyentes?
La falta de una estructura recaudatoria sólida ha llevado a calificadoras como Fitch Ratings a plantear que no se mejorará la calificación soberana de México en los próximos años dada la limitada capacidad de la economía para generar fuentes de ingreso sólidas, y que a su vez este problema agudiza la poca capacidad de crecimiento del PIB.
Las reformas a Ley General de Contabilidad Gubernamental y la laboral no contribuyen de manera directa y de manera instantánea en la mejora de la condición financiera del país, y le impide al gobierno mexicano el impulso a políticas públicas contra cíclicas, tan necesarias en momentos económicos de apremio.
Dadas estas condiciones no es casualidad que Enrique Peña Nieto y su equipo de transición planteen una nueva reforma hacendaria en 2013 que les permita cumplir con un proyecto económico sólido, pues, el nuevo gobierno requerirá de al menos 75 mil millones de dólares, el equivalente a 7 del PIB, para que pueda cumplir con todas las metas que prometió, es decir 30% más del presupuesto de egresos aprobado en 2013.
Y para poder consolidar su proyecto antes debe cumplir con la contratación de nuevas coberturas del precio del petróleo, la renovación de la Línea de Crédito Flexible contratada con el Fondo Monetario Internacional.
Si además se pretende cumplir con el planteamiento de los diputados hecho durante la instalación formal de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde considera como prioridad económica el empleo, la educación, la cultura, los programas de salud, la seguridad pública, el desarrollo económico, la infraestructura carretera e hidráulica, el fortalecimiento del campo y apoyar a los grupos vulnerables, y todo esto manteniendo un déficit inferior a 0.5 puntos del PIB, pues definitivamente se necesitará dinero del presupuesto federal.
Es decir la reforma fiscal integral es una prioridad para el presidente electo, pero tampoco es casualidad que Andrés Manuel López Obrador acuse al equipo económico de Peña Nieto de pretender aumentar el IVA del 16% al 22%, pero tampoco esta acusación puede ser desechada tan a la ligera, sin antes una evaluación exhaustiva, ya que 'si el río suena es porque agua lleva'. Si el nuevo equipo económico de la presidencia descarta la aplicación de impuestos directos para aumentar la contribución definitivamente no está actuando de manera responsable.
Es claro que la solución debe ser una reforma hacendaria integral, que contemple los cambios necesarios en materia tributaria, pero que también considere ajustes en materia de una asignación eficiente de los recursos.
