La cuestión es marcar un límite para fijar un horizonte o validar la simulación para entender el futuro como un presente prolongado. El punto es importante.
Esa es la disyuntiva ante la cual deberán pronunciarse el próximo miércoles, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte. Por eso, cualquiera que sea el destino del proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar es hora de agradecerle haberse definido de manera clara y rotunda frente al caso Florence Cassez, sin caer en la tentación de dar satisfacción a quienes confunden la sed de justicia con el ánimo de venganza.
Puede parecer absurdo pero, en el fondo, no importa tanto si Florence Cassez deja o no la prisión. Lo importante es si se libera o no al Estado de Derecho de la subcultura de la simulación que lo lleva en la dirección equivocada: del civismo a la barbarie, no de la barbarie al civismo.
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La nación ha perdido la noción del límite y, por lo mismo, no encuentra el horizonte.
Cuando se debate si era real o falsa el arma con que un niño asaltó a sus compañeros del salón de clases, se confunde lo accesorio con lo esencial: el arma con el asalto, el detalle con el acto. Cuando un grupo de taxistas solicita un crédito a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se confunde el valor de la autoridad con el poder de la autoridad. Da igual si a ese poder lo reviste la legalidad o la criminalidad, lo importante es el poder con capacidad para resolver problemas. Cuando un partido condecora con una curul asegurada, plurinominal o uninominal, a un rufián político con probables vínculos criminales y otro entrega un escaño envuelto en celofán a una mujer que incurrió en falsedad en declaraciones ante el órgano parlamentario al cual, en breve, representará, y ambos partidos se hacen de la vista gorda, se confunde la solidaridad con la complicidad política, el civismo con el cinismo, la representación popular con el pago de servicios prestados al partido.
No faltará quien diga que esos son hechos anecdóticos y aislados pero, en el fondo, su constante expresión marca una tendencia: el proceso civilizatorio va en reversa, está tocado por el engaño, la arbitrariedad y el ejercicio de la fuerza, y avanza rumbo a la barbarie donde, en el marco de la impunidad, más vale "jugársela" para lograr lo que se pretende sin importar cómo se consigue. Marca esa tendencia y deja al descubierto una realidad peligrosa: la subcultura de la violencia y la simulación se ha trasminado de los dirigentes a los dirigidos como una forma de relacionarse entre ellos y entre sí, a partir no de la fuerza de la razón sino de la razón de la fuerza.
En ese retroceder, sobra decirlo, el Estado de Derecho se desvanece y la nación se desintegra, pierden su límite y, por lo mismo, borran el horizonte hasta causar la impresión de que hay más indignos que indignados.
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De ahí la importancia del proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar frente al caso Florence Cassez.
No se trata, como algunos quieren hacer creer, de liberar o no a una secuestradora, se trata de reivindicar el Estado de Derecho como el marco donde, con base en la legalidad y la civilidad, se resuelvan los litigios nacionales o individuales, criminales o no, y, entonces, replantear la posibilidad de reconstruir la nación. Ese es el punto y, por su carácter definitorio, no acepta solución "alterna". Es una definición frente a un asunto central en la impartición de justicia: se cree o no, se practica o no el debido proceso.
Se entiende que, a causa del dolor, las víctimas del secuestro, sus familiares o amigos se vean tentados no por dar con su victimario sino por ver quién se las paga. Se entiende en ellos, no en la autoridad que, a partir de la demagogia, declara estar en favor de las víctimas y, sin decirlo, en contra del debido proceso.
Cuando la autoridad pretende encubrir sus errores, abusos o arbitrariedades diciendo que no importa cómo se capturó, cómo se presentó, cómo se hizo declarar, cómo se consignó al presunto culpable, no está a favor de las víctimas sino en contra de ellas porque esos errores o excesos tuercen la justicia, vulneran al Estado de Derecho y animan la venganza disfrazada. Con ese ardid, la autoridad duplica el número de víctimas, deja impune al verdadero criminal y, en el colmo del cinismo, acrecienta su popularidad a costa de la institucionalidad que debería distinguirlo.
Si los ministros de la primera sala de la Corte fallan en su juicio o se ven tentados por la idea de dar satisfacción a todas las partes deberán reconocer que lo suyo es hacer política, pero no impartir justicia y, con ello, formar fila con quienes se empeñan, sin decirlo, en profundizar la crisis del Estado.
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A lo largo de su gestión, el Poder Ejecutivo no sólo no ha acreditado a plenitud su compromiso con el Estado de Derecho ni su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución.
Por el contrario, más de una vez, el Ejecutivo ha jugado a vulnerar ese Estado para encubrir errores, abusos, arbitrariedades y poner a salvo a los colaboradores que han participado en ese despropósito. El Ejecutivo se ha fascinado en perseguir y combatir al crimen, no en prevenirlo y menos en procurar su justicia. El mismo reparto del presupuesto es elocuente al respecto.
El inventario de casos donde los guardianes del orden o los responsables de garantizar la paz social se visten de promotores del desorden y la violencia ya constituye un abultado expediente sobre la enorme pila de cadáveres y el manantial de sangre que venera la estrategia de combate al crimen. El Poder Ejecutivo le ha fallado al país.
A su vez, el Poder Legislativo si bien ha recuperado talla no se ha constituido en el contrapeso del Ejecutivo que equilibre sin paralizar la marcha del país, en el marco del derecho y la política, y, quizá, por eso, a las puertas del Poder Judicial han ido a estallar asuntos que nunca debieron llegar. En particular, la Suprema Corte se ha constituido efectivamente en el último recurso o en la última trinchera en la defensa del Estado de Derecho y, si bien ha atendido casos con enorme entereza y dignidad, también ha fallado en otros.
En un momento en que en muchos dirigentes titubean frente a su responsabilidad o la eluden, el ministro Arturo Zaldívar ya tomó con dignidad su decisión. El miércoles, el resto de los integrantes de la primera sala de la Corte estarán frente a un asunto fundamental: marcar un límite para restablecer la posibilidad de fijar un horizonte.
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