La Suprema Corte de Justicia ordenó enviar a un juez civil el proceso penal contra una militar acusada de corrupción de menores y abuso sexual.
Luego de tres sesiones de discusión, el pleno de la Corte resolvió por mayoría que el juicio contra la Sargento Segundo Auxiliar Educadora Silvia Hernández Tamarí debe salir de los tribunales castrenses.
La Corte revisó el amparo que Hernández promovió contra dos autos de formal prisión que le dictó un juez militar de Mazatlán en 2011, y resolvió que dicho juez era incompetente para conocer del caso porque se basó en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que los ministros ya declararon inconstitucional porque extiende la jurisdicción castrense a delitos en los que hay víctimas civiles. Pero el amparo generó enormes problemas a la Corte, porque el juez de distrito que lo resolvió en primera instancia incurrió en varias incongruencias, la más importante de ellas, que declaró inconstitucional el artículo 57 en el texto del fallo, pero no reflejó esa decisión en los resolutivos.
"Para declarar la inconstitucionalidad de una ley en amparo indirecto es preciso que ésta sea acto reclamado, es preciso que se llame al órgano legislativo y que se le permita defender la constitucionalidad de la ley. Aquí no hubo todo eso y la sentencia, incongruente en esta situación, genera situaciones confusas que pueden acarrear perjuicio a alguna de las partes", dijo el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Una mayoría de 7 ministros aprobó la propuesta de Ortiz para que en la sentencia final se diga que el artículo 57 es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por tanto no se debió aplicar en este caso concreto. Otro problema es el de los efectos del amparo otorgado a Hernández, pues lo que ella pretendía era la cancelación total del proceso en su contra.
