Legislación. En el Congreso del Estado se dio la primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Estudios Constitucionales, que contiene diversas modificaciones a la ley.
Con la Reforma del título quinto y artículo 120 de la Constitución Política de Durango, estado y municipios tendrán la responsabilidad de responder a los particulares respecto a los daños que sufran con motivo de obras y servicios.
En el pleno del Congreso del Estado se dio la primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Estudios Constitucionales, que contiene modificación a la denominación del capitulo único del titulo quinto y se adiciona un último párrafo al articulo 120 de la constitución política del estado libre y soberano de durango.
Esto, referente a la iniciativa de decreto, presentada por los diputados Miguel Ángel Jáquez, Noel Flores, Claudia Hernández, Bernardo Ceniceros, José Luis López, Alfredo Herrera, Julio Castañeda y Adán Sáenz , de la LXIV legislatura e iniciativa de decreto que contiene la adición de un artículo presentada por el diputado Rodolfo Guerrero, de la legislatura vigente.
En específico, el título quinto de denominación: "De las responsabilidades de los servidores públicos" a " de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado".
Además se adiciona el artículo 120 con el párrafo: La responsabilidad del Estado o los Municipios por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cauce en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Las particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Con ello, tanto Estado, como municipios deberán incluir en sus presupuestos anuales de egresos una partida específica para solventar estas eventualidades, según explicó el diputado Emiliano Hernández Camargo, presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales.
Es de mencionar que la reforma adecuaría la legislación local a la reforma del artículo 113 de la Constitución federal, aprobada en junio de 2012, lo que se debió hacer en el plazo de un año.
