En su sesión del miércoles 14 de noviembre el Consejo General del Instituto Federal Electoral tuvo que acordar, nuevamente, suspender la destrucción de la papelería electoral de la elección presidencial del 2006, en esta ocasión para atender la recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el pasado 31 de octubre, tras recibir una queja del director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, acordó aceptarla y dictar medidas cautelares, en tanto resuelve el fondo del asunto.
Las medidas cautelares, desde luego, implican que no puede destruirse la documentación cuyo destino está en litigio, pues de hacerlo como ya había acordado el mismo Consejo en octubre pasado, no tendría sentido resolver el fondo del asunto, pues no habría forma de realizar estudios sobre dicha paquetería.
Con el acuerdo de octubre, ya son tres los Consejos del IFE que intentan destruir esta paquetería y tienen que dar marcha atrás por los recursos interpuestos ante las distintas instancias nacionales e internacionales. El primero fue, desde luego, el responsable de organizar la elección presidencial de julio de 2006; el segundo fue el conformado con consejeros de aquel mismo consejo y los nombrados en 2008, tras la reforma constitucional de 2007; y, el tercero, es éste donde ya no queda ningún integrante del primero.
Los recursos interpuestos para acceder a la paquetería electoral han sido variados y ante múltiples instancias. Van desde los procedentes en contra de los acuerdos del Consejo General ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); los amparos ante el Poder Judicial de la Federación, que finalmente fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, ahora, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Los alegatos también han sido diversos, pues algunos se fundan en la legislación electoral y otros en la de transparencia y acceso a la información y, aunque todos alegan la violación de derechos fundamentales, éstos son de diversa índole, pues los primeros tendrían más que ver con los denominados políticos, y los segundos, con los civiles.
Sin embargo, hay que llamar la atención sobre el hecho de que hasta hoy todas las instancias (nacionales e internacionales) que han resuelto sobre el tema finalmente le han dado la razón a la autoridad administrativa, es decir, al Consejo General del Instituto Federal Electoral. También es de destacar que esta autoridad administrativa sí le ha dado un tratamiento especial a la paquetería de esta elección, pues desde el 2003 en tres de las cuatro elecciones federales se ordena reservar una muestra de paquetes electorales para realizar estudios sobre los mismos; la única excepción es precisamente la controvertida elección presidencial de 2006.
En la misma sesión del Consejo en la que se acordó revocar la destrucción, el representante del PRD ante dicho órgano, presentó un proyecto de acuerdo para realizar estudios con dicha paquetería, sin embargo, los consejeros lo rechazaron por unanimidad. Y la única razón posible para darle un tratamiento diferenciado a la paquetería de esa elección es el temor de encontrar evidencias de irregularidades o de francas alteraciones a la voluntad popular.
Se puede entender que los consejeros y las autoridades jurisdiccionales que han revisado sus decisiones sigan aferrados a la lectura literal de la legislación, que ordena la destrucción de la documentación electoral, una vez que ha concluido el proceso electoral; pero es absolutamente inexplicable el que no actúen congruentemente con lo que el mismo órgano ha venido haciendo desde la elección de 2003, es decir, reservar una muestra para realizar diversos estudios, que desde luego su principal función es perfeccionar la organización electoral, pero precisamente a partir de entender a cabalidad qué sucede en las casillas, lo cual implica conocer las inconsistencias numéricas entre los documentos de casilla, verificar los votos nulos y otra serie de revisiones que se pueden hacer.
Tras la también controvertida elección de 1988, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari logró un acuerdo con el coordinador parlamentario de los diputados panistas, Diego Fernández de Cevallos, para destruir la paquetería de dichos comicios; posteriormente introdujeron en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la disposición expresa de que dicha paquetería se destruiría, entre otras razones en un intento por legitimar su acción.
Tras la elección de 1997, el Consejo General del IFE, aprobó, por primera ocasión, un acuerdo para reservar una muestra de casillas y realizar estudios sobre los mismos, en ese documento se incluía la posibilidad de que académicos, representantes de medios de comunicación y la ciudadanía general pudiera acceder a dicha paquetería para hacer sus propias investigaciones, sin embargo, el PRI impugnó dicha decisión y el TEPJF lo revocó. En el segundo intento, del mismo Consejo, en el 2003, sí se logró el objetivo, aunque ya sin la posibilidad de que terceros accedieran a realizar dichos estudios.
Desde entonces, otros dos consejos han replicado dicho acuerdo para las elecciones de 2009 y, ahora para la de 2012; pero ninguno de ellos para la de 2006. Lo cual no tiene ninguna explicación lógica, pues si su lectura de la ley es que el único destino de la paquetería electoral es su destrucción sin que nadie la pueda revisar, pues no deberían haber replicado el acuerdo del 2003 y, si lo hicieron, entonces en congruencia con dicha interpretación también lo deberían hacer para la del 2006. Pero, sin duda, los fantasmas del fraude electoral todavía asustan a los consejeros del IFE.