Andrés Manuel López Obrador y los partidos que conformaron la coalición Movimiento Progresista se encuentran frente a una encrucijada: aceptar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que valida la elección presidencial a pesar de todas las irregularidades detectadas y denunciadas; o, nuevamente como hace 6 años, desconocer al Ejecutivo federal emanado de una elección viciada.
Es un hecho que en ambos casos perderán una parte del máximo caudal de votos que hayan logrado obtener en un proceso electoral, en toda su historia: 15 millones 848 mil 827 votos, sin embargo, de ésos claramente poco más de 2 millones de votos son de su candidato presidencial y no de ninguno de los partidos, pues es la diferencia que existió entre las votaciones presidenciales y la legislativa.
La actitud de su candidato presidencial en este proceso postelectoral es notablemente más mesurada que la asumida hace 6 años y el diferir la movilización hasta el domingo 9 de septiembre, muestra que su intención es muy distinta a la de 2006; cierto llamó a la desobediencia civil, pero sin hacer precisiones.
Los votos provienen de grupos poblacionales muy heterogéneos: desde los más radicales, que esperan que su abanderado los convoque a acciones de protesta enérgicas y contundentes, hasta los más moderados, que creyeron en su discurso amoroso y, por lo tanto, su expectativa es que en estos momentos a pesar de sus diferencias con la resolución del Tribunal, la acate.
Lo cierto es que es innegable que las pasadas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y, como nunca, los medios masivos de comunicación y los ciudadanos exhibieron acciones de compra y coacción del voto y el Movimiento Progresista denunció una estructura paralela de financiamiento, a la que el mismo Tribunal alude en su resolutivo, pero simplemente ignora sus impactos sobre la calidad de la contienda.
Esta es una realidad y las acciones legales y las declaraciones mediáticas de los dirigentes de la coalición generaron una expectativa de que podía tener consecuencias sobre el desenlace electoral, aunque los antecedentes de las autoridades electorales no permitieran albergar esperanzas. Finalmente el IFE y el Tribunal se plegaron y validaron una elección muy cuestionable con un fallo muy endeble.
Esto eleva nuevamente la dificultad de la decisión que tendrá que tomar la izquierda, pues todo indica que tendrá que optar por una solución intermedia, que es la que le puede permitir perder el menor número de simpatizantes y probables votantes, es decir, mantener su lucha en contra de la resolución del Tribunal, eventualmente acudiendo a instancias internacionales, particularmente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido fallos que han obligado a reformas legales y, hasta constitucionales, pero adoptar una postura totalmente institucional frente al nuevo gobierno.
En paralelo, AMLO debe mantener su intensa relación con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que es el núcleo duro de sus más de 2 millones de simpatizantes, adicionales a los de los partidos; y el Frente Progresista, hacer sentir su peso en el Congreso y trabajar estratégicamente para consolidar su fuerza electoral. Se requieren las dosis exactas de estos tres ingredientes para obtener los resultados óptimos e incidir en la construcción de la democracia que tanto anhelamos los mexicanos.
Desde estos momentos los legisladores deben definir sus prioridades legislativas y, particularmente, la posición y objetivos frente a las tres iniciativas, totalmente mediáticas, que presentará en los próximos días el presidente electo, Enrique Peña Nieto, a través de las bancadas priistas: comisión anticorrupción; profundización de la transparencia en estados y municipios; y control de los gastos en propaganda gubernamental.
Pero, mientras tanto, los dirigentes de los 3 partidos políticos deben empezar la preparación para enfrentar las futuras elecciones estatales, particularmente con una visión a 3 y 6 años, esto quiere decir el buscar obtener el mayor número de gubernaturas (o, al menos, arrebatárselas al PRI), pero también construir la estructura que requieren para competir en mejores condiciones en la elección legislativa del 2015 y prepararse para la presidencial del 2018.
La izquierda no puede darse el lujo de perder ni siquiera una parte de su importante caudal de votos y para ello las decisiones que adopten en los próximos días serán cruciales. Repetir los errores de hace 6 años los condenarían irremediablemente a disminuir su fuerza electoral y desperdiciar su fuerza legislativa; aceptar resignadamente un fallo jurisdiccional, a todas luces injusto y muy cuestionable jurídicamente, también se traduciría en una pérdida de votos.
Así que tienen que encontrar ese justo medio, que les permita compensar la pérdida de algunos de sus votantes (que deben ser los menos) con los que ganen (que hay que buscar que sean los más) por su actitud mesurada y propositiva. Es combinar adecuadamente las movilizaciones y protestas con la lucha por las vías institucionales, no pueden despreciar ninguna de las dos y ambas son necesarias para impulsar la construcción de la democracia.
Para lograrlo será fundamental mantener la unidad que se percibió en los últimos días de la campaña electoral entre el candidato, su equipo, las dirigencias de los 3 partidos políticos y los gobernantes y legisladores emanados de sus filas. La unidad no implica uniformidad ni consenso, pero sí la identificación de objetivos comunes y la disposición a aceptar las decisiones colectivas. Cada día es más evidente la necesidad de una izquierda fuerte como condición indispensable para impulsar la construcción democrática, ojalá que hoy los líderes de estas fuerzas sí estén a la altura de sus responsabilidades históricas.
