El tema de la reforma laboral se aborda en México al inicio de cada nueva administración, para luego archivarlo en sus postrimerías, cuando no se puede llegar a un acuerdo al respecto entre el gobierno, las fuerzas políticas, los empresarios y el sector laboral.
La incapacidad de cambiar las leyes laborales es, sin embargo, uno de los factores principales que explican la falta de crecimiento de la productividad en nuestro país, lo que a su vez se traduce en un avance mediocre de la economía y un magro incremento de los ingresos de la población.
Eso, lamentablemente, no es suficiente para convencer a los políticos y líderes laborales de la urgente necesidad de flexibilizar el mercado laboral y eliminar varias de las "conquistas" sindicales de antaño, ya que el statu quo proporciona grandes beneficios a las partes interesadas.
Una verdadera transformación de nuestra legislación laboral parece que tendrá que esperar, no a un nuevo gobierno a partir del primero de diciembre de este año, sino al estallamiento de otra crisis severa en nuestro país.
Esa es, por ejemplo, la lección que se deriva de la experiencia europea, donde los países con problemas de deuda soberana se han tenido que embarcar, a regañadientes, en cambios profundos de sus mercados laborales.
Las voces que en el pasado recomendaron una flexibilización de la legislación laboral en países como Grecia, Italia y España cayeron en oídos sordos, hasta que las condiciones del entorno interno y externo no les dejaron alternativa. Hoy no tienen margen de maniobra para seguir postergando lo inevitable.
El gobierno tecnocrático de transición de Grecia, entre otras medidas, asumió el compromiso de pasar una legislación para reducir en 22 por ciento el salario mínimo bruto mensual, mientras que para los asalariados menores a 25 años el recorte es de 32 por ciento.
Se abolieron los aumentos de sueldo automáticos basados en antigüedad y se permitirá que los acuerdos salariales contractuales se ajusten a las cambiantes condiciones económicas sobre una base regular y frecuente.
El gobierno griego se comprometió, además, a despedir a 150 mil empleados públicos para 2015, lo que considerando el tamaño de su población equivale a que en México se tuvieran que despedir en ese mismo lapso un millón quinientas mil personas. Sin duda, una pesadilla política y social de enormes dimensiones.
En España, el gobierno de Mariano Rajoy, electo a finales de noviembre de 2011 y que tomó posesión en el mes siguiente, emitió el 10 de febrero pasado, después del fracaso de las negociaciones de patrones y trabajadores para llegar a un acuerdo de reforma laboral, un Decreto Ley conteniendo lo que llamó medidas urgentes para la reforma del mercado del trabajo.
Entre estas medidas se incluye una reforma a las negociaciones colectivas orientada a facilitar la adaptación de las condiciones laborales ante posibles dificultades de las empresas, la creación de un nuevo contrato de tiempo indefinido para las empresas pequeñas y medianas, y la flexibilización y reducción de los costos por despido.
En Italia, la reforma laboral que propone el gobierno tecnocrático de transición de Mario Monti, que sustituyó al de Silvio Berlusconi en noviembre de 2011, promete ser su tarea más difícil. Luce, para todo fin práctico, más complicada que sus medidas de austeridad y de mejora a la competitividad mediante la eliminación de regulaciones.
El gobierno, los sindicatos y los patrones discutieron por varios meses el tema de la reforma laboral, pero Monti les advirtió a principios de marzo que impondría los cambios directamente si no se llegaba a un acuerdo hacia finales de ese mes.
Las propuestas de Monti incluyen, además de promover el uso de contratos de aprendizaje, la flexibilización de las reglas para despedir trabajadores, lo que implica modificar el artículo 18 del Código laboral italiano que prohíbe despedir sin causa justa y obliga a los patrones a recontratar y compensar a los trabajadores que hayan sido despedidos en esas condiciones.
Hace una década un intento similar de reforma fracasó después que millones de trabajadores paralizaron Italia y asesinaron a dos economistas que en ese entonces eran los promotores de una flexibilización del mercado laboral, en particular, la facilidad para despedir personal.
La moraleja de esas historias es que en todos lados los políticos postergan cambios en las leyes laborales hasta que una crisis mayúscula los obliga a cambiar de opinión y, aun así, algunos dejan la tarea en gobiernos tecnocráticos de transición.
No hay razón, por tanto, para esperar que cualquiera que sea nuestro nuevo gobierno, vaya a realizar una verdadera reforma laboral, porque nuestro sistema político preferirá, en ausencia de una crisis severa, la comodidad del statu quo.
