Hay protestas que robustecen a la democracia y hay otras que la perjudican. Hace seis años la movilización perredista terminó siendo dañina para la apertura del sistema político. Las protestas de este verano, en cambio, podrían beneficiarla. Frente al descontento, los gobiernos tienen de dos sopas: buscar legitimidad mediante la concesión y la negociación, o el endurecimiento y la búsqueda de control (sin descontar salidas mixtas) En 2006 Calderón optó por lo segundo, en 2012 Peña Nieto podría inclinarse por la primera. Me explico.
Calderón asumió el poder en un contexto precario, que a su juicio amenazaba la gobernabilidad (fue ungido en el Congreso literalmente porque entró por la puerta trasera). Los panistas temían que los perredistas rompieran todo acto público y el presidente terminara encerrado en Los Pinos. La amenaza de la movilización social echó a Calderón en los brazos del PRI y de los monopolios televisivos y le llevó a sacar al ejército a las calles para combatir el narcotráfico. Son medidas que probablemente no estaban en su programa político original, fueron dictadas por su urgencia de liderazgo y justificadas por la búsqueda de estabilidad.
Pero eso provocó una regresión democrática. Su alianza con el PRI neutralizó el combate a la corrupción y retrasó la construcción de instituciones autónomas y de contrapeso; su desconfianza a todo lo que oliera a sociedad civil hizo retroceder la agenda social que el gobierno foxista había impulsado (pese a todos sus defectos). Toda ONG que no fuese de origen empresarial o apostólica romana (nada de teología de la liberación) fue vista con sospechas, pues se temía pudiera estar contaminada por el universo lopezobradorista. Los presupuestos y las normas para ese sector se endurecieron y la política de deducibilidad fiscal para donaciones se restringió a las organizaciones "buenas".
Las movilizaciones de hace seis años pudieron haber movido las políticas públicas de Calderón hacia el centro para hacer un guiño al sector social. Pero sucedió justamente lo contrario; endurecieron a su gobierno. El PAN dejó pendientes sus eternas banderas de combate a la corrupción y lucha por la democratización, en aras de la estabilidad y la búsqueda de control.
En 2012 parecería estar sucediendo lo opuesto. Peña Nieto está haciendo esfuerzos evidentes para responder al desafío de las movilizaciones con un discurso apaciguador y aparentemente democratizador. En todo caso, hay una batalla por la opinión pública muy distinta a la de hace seis años. Los dos bandos se disputan ser paladines del respeto a las formas democráticas. En 2006 López Obrador mandaba al diablo a las instituciones y Calderón se mofaba con su "haiga sido como haiga sido", que es prácticamente lo mismo.
Hoy es diferente. López Obrador insiste en impugnar la elección, pero a cada paso explícita que lo hará por vías institucionales y pacíficas, y argumenta que es a favor del mejoramiento de los procesos electorales.
Y Peña Nieto no se queda atrás. Pueden tomarse como medidas auténticas o como meras posiciones demagógicas las cuatro propuestas que presentó la semana pasada, pero es evidente que se inscriben en la necesidad de contradecir los señalamientos de autoritarismo que se le adjudican a su futura administración. 1.- Crear una Comisión Nacional Anticorrupción; 2.- Ampliar facultades del IFAI para transparentar la información de estados y municipios; 3.- Crear una instancia ciudadana para supervisar contratación de publicidad oficial; 4.- Acelerar reformas económicas para mejoría del bienestar de la mayoría (poca precisión al respecto).
Es muy pronto para saber si estas propuestas describen el talante del próximo gobierno o si son discursos coyunturales para disminuir la presión social de un triunfo por menor margen del que se esperaba y un control de daños frente al escándalo de la compra de votos.
Mi interpretación es que será la presión social lo que provoque que tales promesas sean discurso o realidad. Al PRI le preocupan no sólo el frente lopezobradorista, sino también los cuestionamientos internacionales y la movilización de jóvenes de clases medias urbanas de las últimas semanas. Sea por gusto o por necesidad, el próximo gobierno podría no tener más opción que instrumentar lo prometido: instituciones de contrapeso y mayor poder a la ciudadanía.
¿Qué hará el PRI? ¿Legitimidad o endurecimiento y reforzamiento del control? Calderón optó por lo segundo pactando con los poderes factuales. Peña Nieto parecería estar en búsqueda de legitimidad por vía de las concesiones democráticas. Ojalá que sea esto último, pero mucho me temo que sea la sociedad quien tenga la última palabra.
@jorgezepedap
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