Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el pasado martes 6 noviembre, además de definir quién ocupará la Casa Blanca por los siguientes cuatro años, así como la ratificación o elección de parte del Senado estadounidense y algunos de los escaños en la Cámara de Representantes, fue también aprovechada para realizar plebiscitos en algunos estados para que definieran la postura popular acerca, en algunos casos, de la legalización de matrimonios homosexuales, como en otros, de la legalización para el uso recreativo de la marihuana.
En tres estados se realizó la consulta acerca del tema del uso de la hierba y sólo dos lo aprobaron: Colorado y Washington. Aunque de acuerdo con la información consultada, el que haya sido aprobada a nivel local, ese cambio de política acerca del consumo de esa droga entra en conflicto con la ley federal, por lo que no será de inmediato ver en las calles de Denver o Seattle el comercio de cannabis tan naturalmente.
Esto viene a colación por la disputa legal y mediática que están sosteniendo el municipio de Torreón y los casinos ahora clausurados de la ciudad.
En base a violaciones en las regulaciones de protección civil, la administración presidida por Eduardo Olmos Castro clausuró los casinos y con ello los forzó al cierre de sus puertas. Sin embargo, los directivos de estos centros de apuestas en pleno uso de sus derechos, han tratado vía amparo poder reabrir sus instalaciones. Mientras uno de los casinos encontró la negativa de la suspensión provisional en un juzgado federal son sede en La Laguna, los denominados Majestic y Crown Torreón, propiedad de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV, encontraron una resolución a favor ante un juez de Campeche. Sin embargo, el ayuntamiento de Torreón respondió nuevamente argumento que la suspensión provisional no era suficiente para amparar todas las violaciones a los reglamentos, por lo que ha obligado a que los casinos sigan cerrados.
Como un elemento más, los representantes legales de la empresa propietaria de los centros clausurados han informado que han incluso presentado una denuncia de hechos por violaciones a la Ley de Amparo en contra del alcalde Olmos.
El edil, ha dicho por su cuenta que él hará todo lo que está a su alcance para la protección del pueblo torreonense, por lo que a su criterio los casinos son nocivos para la ciudad que él gobierna. Incluso, este es un caso inusual, ya que para este tema Olmos Castro cuenta con el respaldo de su cabildo completo, incluyendo aquellos que son de extracción panista, según se desprende del desplegado publicado en la prensa donde fija su postura ante este asunto. Además de los regidores y síndicos, al manifiesto publicado en los periódicos aparecen apoyando los diputados locales y federales del PRI, así como los senadores por Coahuila de extracción tricolor. Extrañamente los ediles y regidoras de Acción Nacional apoyan la postura en contra de la operación de los casinos, no así los diputados locales y federales, así como los senadores de este partido. Siempre los cálculos electorales presentes.
Más allá de todo este sainete, de que jurídicamente puede o no impedir el municipio de Torreón la operación de las casas de juego con apuestas, ¿cuál es el fondo del asunto?
Primero que nada, la iniciativa de impedir que sigan operando estos establecimientos en cuestión, no es voluntad del presidente Eduardo Olmos: es una orden que el gobernador Rubén Moreira le dio a los alcaldes de Coahuila sobre este tema. Moreira tiene una fijación contra el consumo del alcohol y el juego, no así contra quienes saquean al erario. Como que su interpretación de la moral tiene matices.
Una vez establecida esta premisa, habría que tratar de dimensionar el problema, y saber si tanto el Estado como el municipio en sus facultades jurídicas pueden impedir el funcionamiento de los multicitados casinos. Creo en mi humilde opinión, que no tienen la jurisdicción para hacerlo. Ciertamente existen reglamentos, particularmente del orden municipal que todo mundo tiene que cumplir para operar un negocio: como licencia de funcionamiento, el respeto al uso del suelo, las regulaciones de protección civil, etc. Pero el fondo de la autorización para aceptar apuestas, es del orden federal, y ese cambio en la regulación fue aprobado en el quinto año de gobierno de Vicente Fox, cuando Santiago Creel, a la sazón Secretario de Gobernación y suspirante a la suceder al botudo, facilitó la entrega de concesiones para este tipo de establecimientos, particularmente a Televisa, buscando el favor futuro de esa televisora en sus aspiraciones presidenciales.
El fondo de todo es la eterna discusión de que si el Estado debe prohibir o no ciertas actividades, como lo es los juegos de azar con apuestas, la prostitución o el uso de las drogas, por citar algunos ejemplos, a los que se les puede agregar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.
Mi particular punto de vista es que el Estado no debe ser rector moral de nadie, sino un fiel garante de la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, y de la ley en general, obligación que dista mucho de ser cumplida, particularmente en los últimos años. Pero de ahí a no reconocer que los casinos son mucho más nocivos que benéficos en nuestra sociedad lagunera y mexicana en general, es otra cosa. La ludopatía y actividades digamos de esparcimiento mediante el uso de sustancias prohibidas tienen casi una conexión fatal. Una cosa lleva a la otra, pero creo que cada quien debe decidir, mientras no dañe el derecho de un tercero.
Hay que tener siempre en la mente que la moral pública no es inamovible, el uso de la mota en Colorado y Washington era prohibido, pero pronto no lo será. A los que años atrás tenían que esconderse para traficar, comprar y consumir hachís, de pronto les será tan normal como beber una cerveza. Los casinos son en unos, lugares prohibidos, y en otros no, ¿quién está correcto?
Sin embargo, en ningún lugar se puede admitir que la ley vigente no sea observada, y eso en México, en Coahuila y en Torreón, es pan de todos los días. Particularmente entre quienes gobiernan estatal y municipalmente, ya que el robo al patrimonio público tiene quebrada tanto la tesorería estatal como la del gobierno de Eduardo Olmos.
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