De acuerdo a una declaración del presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, hasta el viernes pasado la institución había recibido la solicitud de 12 ciudadanos que pretenden registrarse para contender por la Presidencia de la República, y de 17 para una diputación federal, sin recurrir a un partido político para que tramite su registro, tal como está señalado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esta es otra forma ciudadana de protestar contra la clase política mexicana y su partidocracia. Otra vía para decirles a los políticos mexicanos que ninguna de las opciones con las que hoy se cuenta es una opción satisfactoria para un buen número de ciudadanos mexicanos.
En el 2006, González Torres, el Doctor Simi, invadió los espacios publicitarios para presentar ante la opinión pública su candidatura, a pesar de que el IFE le negó el registro, su intención sin duda era lograr que un buen número de ciudadanos escribiera su nombre en la boleta y, aunque el IFE no individualizara los votos para cada uno de los nombres que escribió la ciudadanía, un crecimiento importante de sufragios bajo el rubro de candidatos no registrados hubiese sido un mensaje importante para la clase política. Desgraciadamente no lo logró, los votos por los candidatos no registrados se mantuvieron en sus niveles históricos.
Por su parte, Jorge Castañeda siguió una ruta distinta y tenía otra intención. El ex canciller buscaba que las instancias jurisdiccionales nacionales o extranjeras abrieran las puertas para el registro de candidatos no partidistas. Su lucha se basaba en que en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho una recomendación al Estado Mexicano para que reformara las leyes electorales para permitirlo. Los políticos mexicanos la ignoraron, pero como ésta no era vinculatoria no había sanción alguna.
Castañeda confiaba en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución en el mismo sentido y, en ese caso, sí sería obligatorio acatarla, para ello primero tenía que agotar todas las instancias internas, lo cual cumplió puntualmente. Sin embargo, la CIDH decidió no mantener el mismo criterio de la Comisión y al resolver el asunto señaló que los estados estaban en su derecho de establecer el monopolio de los partidos políticos para el registro de las candidaturas o permitir que lo hiciera la ciudadanía libremente.
En este proceso electoral, Manuel Clouthier parece recoger la estafeta de Castañeda y pretende llevarla a su destino, aunque todavía no se ve muy clara la ruta legal que seguirá. Para él la solicitud del registro ante el IFE es simplemente una forma de iniciar su recorrido, ya que sabe que éste se lo negará y en ese momento empezará el camino legal para combatir el monopolio de los partidos para postular candidatos.
Por casualidad o por esta presión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles 14, un día antes de que Clouthier solicitara su registro ante el IFE, aprobó un proyecto de reforma política que contempla entre otras cosas las candidaturas ciudadanas, pero sin definir el porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que tendrán que respaldar el registro del candidato no partidista. El Senado había aprobado dicha reforma en mayo del año pasado, sin embargo, se detuvo en la Cámara de Diputados porque no había acuerdo sobre todos los puntos. Finalmente los diputados representados en la citada comisión aprobaron únicamente los puntos de acuerdo.
La ruta para que la reforma sea una realidad todavía es larga, pues ahora la tiene que aprobar la Comisión de Gobernación; luego una sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; y, finalmente, ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados, todo lo cual debe suceder antes del 30 de abril, fecha en la que concluye el último periodo ordinario de esta Legislatura. Una vez que esto sucede pasa a los congresos estatales, donde tienen que dar su aprobación al menos 16.
Así, todavía no es una realidad la reforma, pero además los legisladores (el Senado) modificaron la iniciativa que envió el presidente Felipe Calderón, que solicitaba las firmas del 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para dejar dicha definición para la ley secundaria lo cual es preocupante, pues uno de los elementos centrales para hacer viable las candidaturas no partidistas es precisamente ese, pues un número muy alto realmente hace nugatoria dicha posibilidad.
Por otra parte, hay que recordar que en la multicitada reforma del 2007, los legisladores introdujeron en el artículo 116 de la Constitución la disposición de que "las constituciones y leyes de los estados garantizarán que" los partidos políticos tendrán "el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular". Y a pesar de que legisladores de varias fuerzas políticas reiteradamente señalan que fue un error que se enmendara, lo cierto es que hoy todavía está vigente.
Así, mientras se multiplica el número de ciudadanos que buscan contender por un puesto de elección popular sin recurrir a los partidos políticos, los legisladores envían señales contradictorias.
Lo cierto es que a pesar de la ceguera de las dirigencias partidistas el crecimiento de las candidaturas no partidistas es otra muestra de ese creciente distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía. Ya es tiempo de que escuchen al menos una de las tantas alarmas que suenan estridentemente.
