Las revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que comprometen a todos los partidos y a todos los órdenes de gobierno, se han convertido en una suerte de rito invernal de indignación pública. Pero después del escándalo, a los pocos días, todo parece volver a la "normalidad".
El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, presentado el miércoles 15 de febrero a la Cámara de Diputados, exhibe la persistencia de los viejos usos del poder.
Con la alternancia llegó una camada de funcionarios improvisados e incompetentes que se sumaron a los de siempre: derrochadores y corruptos. Hoy resulta evidente que las "irregularidades" no son monopolio del PRI porque asoman lo mismo en gobiernos panistas que perredistas, en la administración federal que en las cámaras del Legislativo, en los gobiernos estatales y municipales y en los organismos autónomos y las universidades públicas.
De entre las anomalías señaladas por la ASF sobresale la opacidad en el uso de recursos destinados a los festejos del Bicentenario: sólo se han justificado 500 millones de los 3 mil 750 presupuestados (otro tema es el exceso: el gasto total de las celebraciones fue superior, por ejemplo, al presupuesto anual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social). La Estela de Luz es, quizá, el epítome del desbarajuste: de un presupuesto original de casi 400 millones pasó a más de mil millones a través de una turbia ingeniería financiera.
Otro rubro que llama la atención es el gasto del Gobierno federal en "difusión de mensajes", donde se registra un incremento de 498% entre 2006 y 2010. Incremento exorbitante (más de 2 mil 374 millones de diferencia entre uno y otro año). De acuerdo con la ASF, "no se cuenta con información que acredite que las erogaciones realizadas se han apegado a los criterios de economía, austeridad y racionalidad, dado que estos gastos no se consideran prioritarios".
No es lo único ni lo más delicado, por lo que hace al Ejecutivo. Pero la gota que derrama el vaso proviene de la instancia encargada de ordenar y regular los procesos de la administración pública federal. La propia Secretaría de la Función Pública sale "reprobada" en tres de los sistemas que debe evaluar: de desempeño, de gestión de control del gasto y de información de padrones públicos.
Otra de las instituciones "observadas" es el IMSS. Su titular en 2007, Juan Molinar Horcasitas, firmó un contrato multianual por 3 mil millones de pesos con la empresa Tata Consultancy para la aplicación de un sistema informático. Sin embargo, según el auditor superior, no hay modo de medir la utilidad y eficacia de los servicios contratados.
El dispendio y la opacidad también imperan en el Poder Legislativo. Una sola muestra: en 2010 el Senado canalizó 916 millones 427 mil 400 pesos a sus seis grupos parlamentarios; recursos que se manejan "sin justificación suficiente": sólo pudo verificarse la utilización de 212 millones de pesos. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados, donde se asignó a los grupos parlamentarios una partida de mil 179 millones 119 pesos que tampoco es auditable. En ambas cámaras, una norma administrativa aprobada por los mismos legisladores impide la auténtica rendición de cuentas.
Otro tema es el crecimiento de la deuda de los estados: 42.8% en términos reales respecto de 2008, para ubicarse en 314 mil 664 millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda. Pero el auditor Juan Manuel Portal puntualiza que, además del saldo de las deudas, existen otros pasivos importantes que podrían poner en riesgo las finanzas locales: obligaciones financieras de corto plazo, contingencias de los sistemas de pensiones y de las asociaciones público-privadas.
"Piensa mal y acertarás", dice la conseja popular. La ASF reporta muchos movimientos que parecen destinados a ocultar malos manejos: sobreprecios injustificados, gastos sin comprobar o comprobados con facturas falsas, evasión de impuestos por empresas proveedoras, entre otros.
Las autoridades observadas tienen 30 días hábiles, contados a partir del 15 de febrero, para presentar la documentación que solvente las observaciones. Pero una cosa es evidente: el desempeño de muchos miembros de la clase gobernante se aparta de los más elementales valores republicanos de austeridad y racionalidad en el gasto. La corrupción, lo sabemos, no es un fenómeno exclusivamente nacional. Lo que es muy mexicana es la impunidad.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
@alfonsozarate