L A lejanía entre la sociedad política y la ciudadanía se hace cada día más evidente, particularmente en las formas que ésta encuentra para manifestar su hartazgo y descontento; y, lo peor, es que los políticos las siguen minimizando y, algunos, hasta expresan su indignación frente a mismas.
En 2009 el llamado espontáneo de varios grupos de ciudadanos a anular el voto fue la forma de protesta en contra de la partidocracia; el movimiento tuvo éxito en algunas ciudades y estados del país y, por diversas vías, puede estimarse que más de 1 millón de ciudadanos anuló intencionalmente su voto.
Ahora, en 2012, nuevamente surgen por vías inéditas las protestas ciudadanas en contra de la clase política mexicana. En esta ocasión, la ruta es recurrir a los tribunales para lograr que el Poder Judicial establezca precedentes, eventualmente, jurisprudencia y logre romper el cerco que tendieron los dirigentes de los partidos políticos, para mantener sus privilegios y preservar sus prebendas.
Destaca entre los recursos el que interpuso una joven neoleonesa contra la licencia indefinida que solicitó Ivonne Álvarez, alcaldesa del municipio de Guadalupe, Nuevo León, para ser candidata del PRI al Senado. Dinorah Cantú, pasante de derecho, encontró que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de Nuevo León, contempla únicamente la licencia por 30 días, pero no la licencia indefinida, que le concedió el Ayuntamiento municipal. Aprovechando su residencia en dicho municipio y las recientes reformas a la Constitución federal y en materia de amparo, promovió un juicio de garantías mediante el cual objetó la licencia concedida.
Tras de que el Juez de Distrito le negó, el miércoles 29 de febrero, la suspensión provisional, la quejosa junto a su abogado Olmo Guerrero, recurrieron dicha resolución y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, otorgó la suspensión provisional, por mayoría de 2 votos a 1, el pasado lunes 5 de marzo, con lo cual el Cabildo tuvo que revocar la licencia el miércoles 7 y la alcaldesa, regresó a su cargo el jueves 8.
El error de otorgar una licencia no contemplada en la legislación, pone en riesgo su candidatura al Senado, pues de acuerdo a la fracción V del artículo 55 de la Constitución federal, los presidentes municipales para poder ser electos como diputados o senadores, deben separarse definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección, lo que sucederá el próximo 2 de abril. El problema estriba en que si el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, concede la suspensión definitiva, lo cual debe definir el próximo lunes, tras de que escuchó durante 5 horas y media a las partes en la audiencia incidental el viernes 9 de marzo, aunque resuelva en contra de la quejosa el fondo del amparo (lo cual de acuerdo al calendario debe suceder el 23 de marzo) ésta podrá inconformarse con el fallo y persistirá la suspensión definitiva mientras se desahoga dicho recurso, lo cual seguramente sucederá después del 2 de abril.
La suerte de la alcaldesa depende de la resolución de la suspensión definitiva, no tanto del fallo de fondo. El primero que tiene que pronunciarse al respecto es el juez de Distrito, pero cualquiera que sea su fallo, éste puede ser recurrido ante el mismo Tribunal Colegiado, que ya otorgó la suspensión provisional.
La Ley sí prevé la renuncia, pero el recurrir a la misma podría dar lugar también a utilizar el mismo recurso legal, aunque con diferentes argumentos, pues para renunciar tiene que haber una causa justificada y lo discutible es que la candidatura a otro puesto de elección popular lo sea.
Los ciudadanos encontraron una vía legal para luchar en contra de lo que popularmente se llama "chapulineo", por el constante brinco de los funcionarios públicos de un cargo de elección popular a otro, antes de concluir el primero para el que fueron elegidos. Hay casos emblemáticos, como el de la alcaldesa de Mérida, Yucatán, Angélica Araujo, quien en estos momentos tiene dos licencias vigentes, una como diputada federal -pues para contender por la Alcaldía tuvo que separarse de la diputación- y la otra como Alcaldesa, para poder ser postulada para el Senado por el PRI.
La vía no es generalizable, pues por ejemplo la Constitución no marca como impedimento para competir por otro puesto legislativo el separarse del primero; tampoco procede en el caso de la virtual candidata presidencial del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, pues la legislación sí contempla la licencia indefinida de los diputados y el ser legislador tampoco es obstáculo para ser candidato a la Presidencia.
Aunque no puede cantarse victoria, lo cierto es que la ciudadanía no está cruzada de brazos, al contrario expresa por las más diversas vías su inconformidad con la clase política mexicana y como señala Dinorah Cantú, en una entrevista con el periódico regiomontano El Norte: "No estamos atacando a una persona, es al sistema que permite que exista ese tipo de conductas. Es para sentar el precedente, para hacer el cambio desde el sistema…Me emociona lo que está provocando el asunto, que es que la gente vea que se puede hacer algo. Y es que a veces nos sentimos muy impotentes".
La persistencia de las protestas ciudadanas por las distintas vías, muestran que si los políticos no cambian, la ciudadanía continuará en su búsqueda incesante hasta lograrlo. No sería nada sorprendente que en México también apareciera aquel grito de batalla argentino: ¡Que se vayan todos!
