A Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), o al menos la parte correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, se mudó hace unos días a su nueva sede de la colonia Guadalupe Inn de la delegación Álvaro Obregón, comprada en 500 millones de pesos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y a pesar del decreto de austeridad que prohibía la adquisición de inmuebles, expedido por Felipe Calderón en 2008 para paliar los efectos de la crisis económica mundial.
Esto, a no dudarlo, tiene implicaciones civiles y penales para quien autorizó la compra del edificio ubicado en Altavista y Periférico, en este caso Juan Molinar Horcasitas, entonces titular de la SCT; de esta información ya le había adelantado algo aquí el pasado 31 de octubre (http://cort.as/2qxO), pero información reciente obtenida a través del IFAI permite corroborar que el programa de inversión correspondiente no fue aprobado en los presupuestos de egresos de 2010, 2011 y 2012.
Las escrituras de compra-venta, de la que da fe la notaría 65 del licenciado Pedro del Paso Regaert del 3 de septiembre de 2010, ubica el inmueble en el predio resultante de la fusión de la casa marcada con el número 267 y la casa marcada con el número 261 de la calle de Las Flores, en la colonia Tlacopac, sobre una superficie de mil 944.62 metros cuadrados.
De acuerdo con una copia del documento (en poder de quien esto escribe), el valor del inmueble es de 503 millones 160 mil 313 pesos y fue vendido por Constructora y Fraccionadora del Sur, S.A. de C.V., representada por Nicolás Landín Bonilla. Como parte compradora se señala a los Estados Unidos Mexicanos, a través del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, a través del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT.
El ciudadano José Luis Moya, a través de la solicitud de acceso a la información 0000600159612 pidió la documentación a Hacienda bajo el argumento de que había un decreto presidencial de austeridad que impedía la compra-venta de inmuebles para la administración pública federal. Hacienda respondió argumentando la inexistencia de la información, lo que no resultaba satisfactorio toda vez que esa dependencia debe autorizar los proyecto de inversión. Por esa razón Moya interpuso ante el IFAI el recurso de revisión 2605/12 resuelto apenas antier.
Los comisionados del IFAI ordenan a Hacienda la modificación de la respuesta de la siguiente manera: "En este sentido, aun cuando la SHCP señaló que el programa (de inversión) que requiere el recurrente no fue aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, toda vez que para el ejercicio fiscal 2012 se establecieron diversas disposiciones de austeridad, cabe señalar que para el registro del proyecto de inversión de referencia, la SCT debió enviar a la SHCP una solicitud de registro del mismo en la Cartera de Programas y Proyecto de Inversión, documento que no fue entregado por el sujeto obligado".
De lo anterior se infiere, entonces, que la SCT no cumplió con ciertos procedimientos y Hacienda no autorizó la inversión. Bueno sería que la Auditoría Superior de la Federación (que ya recibió la denuncia, pero que no ha emitido el oficio en que da por iniciada la investigación correspondiente), tomara cartas en este caso.
El asunto no es menor y tiene graves implicaciones para el secretario Horcasitas, muy cercano a los intereses de Felipe Calderón y a su grupo dentro del PAN. Por asuntos como éste deberían empezar las nuevas comisiones anticorrupción del Senado y la Cámara de Diputados, y la que de aprobarse, a iniciativa de Enrique Peña Nieto, habrá de surgir en el próximo gobierno.
1. APROBADO. Hasta el momento de escribir esta columna, los diputados habían aprobado las modificaciones propuestas por Peña Nieto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mediante la cual desaparecen la SSP Federal, para que sus funciones sean absorbidas por la de Gobernación; y la Secretaría de la Función Pública cuyas funciones asumirá una Comisión Nacional Anticorrupción cuya aprobación se discute en el Senado.
2. PLENO COMPLETO. A marchas forzadas, el Senado aprobó el nombramiento de dos nuevos ministros de la Corte: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien cubrirá la vacante que deje al pasar a retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y Alberto Pérez Dayán, quien ocupará la ponencia que deja al retirarse Guillermo Ortiz Mayagoitia. Decisión ésta salomónica: Ortiz Mena es a Calderón lo que Pérez Dayán a Peña Nieto.
(rrodriguezangular@otmail.com @RaulRodriguezC)
