El sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa registró al menos 31 casos de corrupción que atrajeron la atención mediática. El pago millonario a una televisora por realizar la serie "El Equipo", el fraude en el sorteo Melate y sobornos recibidos por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integran la lista de casos más relevantes.
El secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, declaró -en septiembre pasado- que en la actual administración aplicó 50 mil sanciones a servidores públicos por actos de corrupción. De éstas, sólo nueve mil fueron motivadas por irregularidades graves, dos mil casos llegaron al Ministerio Público Federal y sólo 100 fueron a parar a la cárcel.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que los esfuerzos de la administración calderonista no fueron suficientes para combatir este fenómeno.
"Los esfuerzos por contener la corrupción de sus propios cuadros, militantes y gobiernos, fue limitada. Hace 12 años, los gobiernos panistas tenían una voz fuerte y acusadora contra el mal gobierno. Hoy saben que en muchas ciudades y dependencias, el mal gobierno dejó de ser monopolio de una sola fuerza política. Sus cuadros y funcionarios son ahora parte del problema", concluyó.
Sin embargo, para Eduardo Bohórquez "hubo voluntad para combatir la corrupción, (pero) en particular de administraciones anteriores y de otros grupos políticos. (Pero) los esfuerzos por contener la corrupción de sus propios cuadros, militantes y gobiernos fue limitada".
"Hace 12 años, los gobiernos panistas tenían una voz fuerte y acusadora contra el mal gobierno. Hoy saben que en muchas ciudades y dependencias, el mal gobierno dejó de ser monopolio de una sola fuerza política. Sus cuadros y funcionarios son ahora parte del problema", expone el director de Transparencia Mexicana.
En opinión de Eduardo Bohórquez, "aunque ha mejorado, y mucho, el desempeño de la SFP en materia de sanción, la mayoría de los casos ventilados en la opinión pública siguen percibiéndose como parte de la impunidad del sistema. A la par del control administrativo de la SFP, es necesario que México mejore en la parte de sanción penal, incluyendo la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas".
DE LA 'ESTELA DE LUZ' A 'EL EQUIPO' El monumento que sería emblemático de la conmemoración del bicentenario de la Independencia terminó envuelto en un escándalo de fraude.
Según un peritaje realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles -a petición de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados-, la "Estela de Luz" tuvo un sobrecosto por 375 millones de pesos.
En febrero de este año, Pablo Escudero, entonces presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que el costo real del monumento había sido de mil 110 millones 575 mil pesos.
A su vez, sereveló -en julio de 2011- que la Secretaría de Seguridad Pública había pagado 118 millones de pesos 116 mil 808 pesos a la empresa Televisa por la realización de 13 capítulos de la serie "El Equipo".
El programa, argumentó la dependencia, sirvió para exaltar la labor de la Policía Federal; sin embargo, ese mismo año, la entonces diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Quezada, presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su titular, Genaro García Luna, por el supuesto desvío de recursos públicos (materiales y económicos) y humanos para la realización de la serie de televisión.
EL CASO CFE Una investigación iniciada en Estados Unidos comprobó que la empresa ABB había sobornado a Néstor Moreno -en su época como director de Operaciones de la CFE- para que comprara a dicha empresa equipo tecnológico.
La Secretaría de la Función Pública (SPF) inhabilitó por 17 años y seis meses e impuso multas por 69 millones 649 mil 326 pesos al exdirector de Operación de la paraestatal, Néstor Moreno, y a cuatro directivos más de la CFE.
Otros funcionarios que recibieron sobornos fueron: el exsubdirector de Información y Administración de Energía del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Gustavo Alonso Salvador Torres; el exgerente de Información y Administración de Energía del Cenace, Ricardo Sosa Ríos; el exgerente de Informática y Telecomunicaciones del Cenace, Jorge Hernández Aguilar, y el exjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial del Cenace, Hugo Ubieta Rodríguez.
Antes de este caso, la CFE ya había enfrentado un escándalo de corrupción vía su exdirector, Raúl Muñoz Leos, quien realizó una transacción en 2005 con el sindicato petrolero que resultó en un presunto daño patrimonial para la paraestatal por mil 724 millones de pesos.
Sin embargo, la multa de 862 millones de pesos que le aplicaría la SFP fue cancelada por un tribunal federal en mayo pasado.
SIMULACIóN EN MELATE En octubre de este año, el Gobierno federal dio a conocer que seis empleados de Pronósticos Deportivos elaboraron un plan para engañar al interventor de la Secretaría de Gobernación y simular los resultados de un sorteo Melate para ganar 106 millones de pesos.
Los empleados cobraron el premio y se dieron a la fuga.
Por este caso, la Secretaría de la Función Pública sancionó a ocho funcionarios. A cuatro les aplicó multas por 182 millones pesos y su inhabilitación como servidores públicos por 20 años.
Entre los responsables se encuentran Héctor Hugo López Jiménez, subdirector de Concursos y Sorteos; José Luis Jiménez Mangas, exdirector de Marcas Deportivas; Gustavo García Pérez, y Carlos Alberto López Martínez, coordinadores profesionales ejecutivos de Concursos y Sorteos.
CASO BIZJET En mayo de este año, el Departamento estadounidense de Justicia entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente con pruebas de que la empresa BizJet International Sales & Support había sobornado a miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la Policía Federal (PF) a cambio de que incidieran en la adjudicación de contratos para prestar servicio de mantenimiento, reparación y revisión de las aeronaves de dependencias gubernamentales.
Cuando se presentó este caso, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados urgió a aprobar la iniciativa de reforma para sancionar penalmente a las empresas, nacionales o extranjeras, que incurran en sobornos, corrupción, lavado de dinero, contra la salud, espionaje informático y daños ambientales.
