"La más profunda definición de la juventud es una vida Todavía no tocada por la tragedia."
Alfred North Whitehead
El presidente de la república encabezó este 29 de febrero la 32ª reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Una vez más se escucharon discursos y se firmaron acuerdos. Al final los políticos se retiraron satisfechos. En México estamos avanzando en materia de seguridad.
La visión es radicalmente distinta para quienes no son políticos y no viven detrás de escoltas, camionetas blindadas y altas bardas. Las víctimas y sus familiares experimentan una realidad en la que nadie se interesa por proteger a las personas o por investigar los crímenes.
La señora Amparo Vargas vivió la peor de las pesadillas cuando su hija Eva Cecilia Pérez, de 16 años, estudiante del Colegio de Bachilleres, desapareció el 26 de noviembre. Sus intentos por encontrar a su hija se enfrentaron con la indiferencia de las autoridades del estado de México. "Si quiere encontrar a su hija, búsquela" le espetó un funcionario en una agencia del ministerio público.
Eso trató de hacer. Al final encontró la descripción de la niña en un archivo en la oficina de homicidios. Su pequeña había sido víctima de El Coqueto, Armando Librado Legorreta, un chofer de microbús que violaba a sus víctimas y las asfixiaba después. Nadie había tratado de identificar a Cecilia o de hablar con la familia.
Lo peor es que una vez detenido el criminal, a quien se le relaciona con siete homicidios y ocho violaciones, éste se dio a la fuga desde la subdelegación de justicia de Tlalnepantla. Ahí estaba en espera de una determinación de un juez, supuestamente esposado y custodiado por policías.
El procurador Alfredo Castillo dice que la fuga se debió a la negligencia de los agentes, quienes han escapado también, y ha ordenado su detención. Ha destituido por otra parte al encargado de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado de México. Pero es claro que nada de esto alivia el dolor de la madre de la chica.
El gobierno mexicano gasta decenas de miles de millones de pesos al año en lo que debería ser su responsabilidad fundamental: proteger a los gobernados de agresiones de terceros y procurar justicia en caso de que esta protección falle y se cometa algún delito. Como bien pudo darse cuenta Amparo Vargas, ese dinero no se emplea para ayudar a las víctimas, por lo menos a las víctimas que no tienen recursos o influencias políticas. La señora Vargas no es la primera persona que tiene que utilizar sus propios recursos y esfuerzos para buscar a un familiar desaparecido.
¿Dónde se va el dinero que gastan los gobiernos --federal, estatales y municipales-- en seguridad y justicia? Buena parte se queda en una simple burocracia. Se pagan salarios a empleados que no cumplen responsabilidades sustantivas o a policías que pierden el tiempo en mil funciones que no tienen nada que ver con la seguridad. La PGR, además, utiliza por lo menos la mitad de sus recursos en "delitos contra la salud", esto es, en perseguir a personas que consumen por voluntad propia alguna sustancia o que la distribuyen. Los delitos con víctima, los secuestros u homicidios, no preocupan de la misma manera a la autoridad.
Ahí está el caso de Eva Cecilia Pérez, una más de las víctimas del crimen en nuestro país. Una chica de 16 años de edad que perdió la vida por haber cometido el pecado de subirse a un microbús conducido por un criminal.
Quizá la autoridad no pueda impedir que haya crímenes tan execrables, pero lo que no tiene perdón es que la angustiada madre que acude ante la autoridad encuentre sólo indiferencia y tenga que hacer el trabajo para el que se le paga a la policía. Aquí vemos el peor de los fracasos de todos los niveles de gobierno.
MALAGUEÑO
Se me ha ido el malagueño, el caballero de la fina estampa. Hasta hace poco era un torbellino de buen humor. Hoy ya no está con nosotros. No hay edad para la orfandad, me dice un amigo.
Twitter: @sergiosarmient4
