Ayer se cumplió un año del lanzamiento del operativo “Laguna Segura”, cuyo propósito era frenar la ola de violencia que azotaba la región en aquel lejano octubre de 2011.
Autoridades federales, estatales de Coahuila y Durango y municipales de la zona conurbada se reunieron en la Secretaría de Gobernación para anunciar nuevas acciones contra el crimen, que serían encabezadas por el Ejército, con el apoyo de policías de los tres niveles.
En los primeros meses, el Ejército presumió golpes significativos contra grupos criminales, como detenciones de jefes de células y decomisos de armas, droga, dinero y equipo de comunicación. Pero esto no impactó la incidencia delictiva.
Un año después, los datos revelan que el objetivo de frenar el crimen está lejos de cumplirse. De acuerdo con la nota publicada ayer en El Siglo de Torreón (Sube crimen tras operativo, 1A), los delitos no sólo no bajaron, sino que aumentaron.
Los homicidios han aumentado en los meses posteriores al operativo en comparación con los meses previos, a pasar de 817 a 867.
De igual forma, el promedio mensual de robos se disparó de 749 a 976 en la zona metropolitana, con la misma proporción en el uso de la violencia.
Hace un año, el anuncio del operativo “Laguna Segura” corrió a cargo del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, quien murió dos semanas después en un trágico accidente aéreo.
Su sucesor, Alejandro Poiré, ha estado en Torreón en tres ocasiones para revisar el operativo, pero hasta ahora ninguna de las reuniones con las autoridades a cargo ha producido resultados que reflejen un descenso en la actividad criminal.
Por el contrario, los grupos criminales han mostrado cada vez más capacidad para desafiar a la autoridad, desatando olas de homicidios, asaltos, secuestros y extorsiones, así como ataques a fuerzas de seguridad que no han sido castigados de manera eficiente.
Es necesario que las autoridades a cargo del operativo hagan un balance de los resultados y una labor de autocrítica sobre lo que no está funcionando, pero sobre todo que se aseguren de “blindar” el operativo de la incertidumbre inherente a la transición en el Gobierno Federal. De lo contrario los grupos criminales aprovecharán los vacíos y los delitos seguirán al alza.
