Argelia levantó en 2011 el estado de excepción vigente en el país desde 1992, pero las fuerzas de seguridad hicieron un uso "excesivo" de la fuerza, además de existir la represión y la tortura.
Según el último informe de Amnistía Internacional, hecho público en Londres, la policía argelina se excedió a la hora de reprimir manifestaciones y disturbios, lo que ocasionó varias muertes de civiles.
Las mujeres continuaban siendo discriminadas y no se tomaron medidas para hacer frente a los graves abusos contra los derechos humanos llevados a la práctica en el pasado, continúa AI.
Tras las manifestaciones masivas y algunos disturbios acaecidos en enero, siguieron convocándose protestas periódicas durante todo 2011.
En su mayor parte, las manifestaciones fueron convocadas por la entonces recién formada Coordinación General para el Cambio y la Democracia, organización integrada por sindicatos, partidos de oposición y grupos pro derechos humanos.
En abril, el presidente, Abdelaziz Buteflika, anunció reformas, como un cambio en las leyes que permitiría elecciones libres y libertad de prensa, pero al concluir el año todavía no se habían realizado plenamente.
El gobierno continuó restringiendo la libertad de expresión y la de asociación. También bloqueó las redes sociales para impedir la coordinación de manifestaciones.
El estado de excepción se levantó el 24 de febrero y desde entonces se permitieron las protestas en todo el país -siempre que estuvieran autorizada-, salvo en Argel. Simultáneamente, se daban poderes al Ejército para combatir al terrorismo.
Hubo atentados de grupos armados, sobre todo de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), principalmente dirigidos a instalaciones militares, aunque como consecuencia también murieron civiles.
Las fuerzas de seguridad dijeron haber acabado con más de 100 terroristas, aunque hubo denuncias de que estas muertes se produjeron en "circunstancias poco claras".
Las personas acusadas de terrorismo fueron presuntamente torturadas cuando se encontraban detenidas por la Inteligencia Militar.
Paralelamente, las autoridades siguieron sin tomar medidas para investigar las miles de desapariciones ocurridas durante la década de los 90.
En cuanto a las confesiones religiosas, el Islam continuó siendo la religión oficial del país y los cristianos seguían siendo objeto de procedimientos judiciales por celebrar actividades religiosas no autorizadas o por proselitismo.
Por último, los tribunales siguieron dictando condenas de muerte, la mayor parte de ellas "en ausencia" por delitos de terrorismo. La última ejecución oficial en el país fue llevada a cabo en 1993.
