Antes de que finalizara el año pasado, el Senado aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP). El 16 de enero la promulgó el Presidente de la República y ayer entró en vigor.
Con esta nueva ley, México tiene un marco legal que ordena e incentiva la realización de proyectos que requieren la participación conjunta del sector público y del privado. Esto naturalmente ofrece más certidumbre jurídica y, con ella, mayores inversiones.
Esta ley dará mayor transparencia a la asignación de proyectos encaminados a desarrollar la infraestructura que México tanto requiere y, en consecuencia, ofrecerá certidumbre a los inversionistas. Su objetivo central es impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo tecnológico, a través de la asociación entre los sectores público y privado. Para su aprobación, desde el 2009, fecha en la que la presentó el presidente Calderón, al 21 de diciembre que la aprobamos en el Senado, se organizaron foros, conferencias y debates en los que los participantes opinaron con libertad y apertura en un sentido y en otro.
Los legisladores que siempre estuvimos a favor de este nuevo marco jurídico partimos de dos premisas: una, México requiere mayor inversión en infraestructura; dos, el erario es insuficiente para cubrir estas necesidades. Era, por lo tanto, no sólo deseable, sino indispensable comprometer al sector privado para que invirtiera en obras de desarrollo social para el país. Era menester promover inversiones para proyectos carreteros, ferroviarios, portuarios y de aeropuertos que, además de los beneficios de cada proyecto en particular, generarán empleos directos e indirectos en todo el país. Una manera clara y efectiva de lograr esto era a través de esta ley.
La iniciativa propone que el gobierno a nivel federal, local o municipal pueda establecer una asociación con inversionistas privados. Lo anterior permite desarrollar proyectos, sobre todo en infraestructura, administrado por particulares; que éstos administren los servicios públicos y cobren por ello hasta que se cubra el precio convenido y los intereses. Se trata de carreteras, escuelas, clínicas de salud, reclusorios, etcétera.
Y podría parecer un instrumento jurídico menor, pero se trata del mayor esfuerzo de desregulación que el Estado mexicano haya impulsado en los últimos 15 años.
La Ley de APP y las modificaciones a las leyes relacionadas con la construcción de infraestructura y provisión de servicios públicos traerán entre otros los siguientes beneficios: primero, mayor seguridad y certeza jurídica a los actores privados que quieran participar en proyectos de infraestructura complejos; segundo, mayor eficiencia al uso de recursos públicos; tercero, facilidad y transparencia en la concurrencia de recursos fiscales con privados, lo cual generará ahorros que permitirán liberar recursos a temas como educación, combate a la pobreza o salud.
Y por si fuera poco, la nueva ley también permite la creación de incentivos para atraer tecnología, capacidad empresarial y en ocasiones recursos privados a proyectos públicos.
Adicionalmente, las obras se podrán concluir más rápido y se podrá exigir cuentas a los constructores con mayor rigor, pues esta ley fomenta la adjudicación integral de los proyectos, con lo que una sola empresa o grupo podrá encargarse de todas las etapas y componentes. Finalmente -pero no menos importante-, la información sobre estos proyectos será más transparente y estará a la vista de cualquier ciudadano interesado, pues la Secretaría de Hacienda mantendrá un registro público de todas las obras y los contratos.
Por ello celebro la forma en la que inicia este año. Celebro que el presidente Calderón haya firmado el decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
En este acto el Presidente reconoció el trabajo responsable del Congreso para sacar adelante esta ley fundamental para el progreso del país. Desde este espacio, reitero públicamente mi reconocimiento a la iniciativa y al empeño del Presidente por sacarla adelante.
Confío, de igual forma, que esta nueva ley brindará un nuevo dinamismo al desarrollo de la infraestructura a nuestro país, así como a las actividades productivas y de investigación científica y tecnológica que tanto requieren México y los mexicanos.
@jglezmorfin
Presidente del Senado de la República.
