"La ley es una telaraña que detiene a las moscas y deja
Pasar a los pájaros."
Anacarsis
N los países realmente democráticos nadie se preocupa de que el presidente o el primer ministro hagan pronunciamientos políticos. El que en México hayamos tenido una tormenta porque el presidente se refirió a una encuesta de opinión en una reunión privada nos revela el grado de perversión al que nos ha llevado la ley electoral.
El jueves 23 de febrero el presidente Felipe Calderón hizo alusión en una reunión privada con consejeros de Banamex a una supuesta encuesta que mostraba a Josefina Vázquez Mota a sólo cuatro puntos de distancia del priista Enrique Peña Nieto. Independientemente de que la cifra no corresponde a las encuestas serias que conocemos, por lo que habría que preocuparnos en qué encuestas se gasta el dinero la Presidencia, lo realmente inquietante ha sido ver a los priistas rasgarse las vestiduras y afirmar que el presidente está interviniendo de manera indebida en la elección presidencial.
Pretender que el presidente no pueda citar una encuesta en una reunión privada es llevar el ánimo de censura a un nivel inaceptable. No hay razón para pensar que esa alusión pudiera cambiar el rumbo de la elección. Las protestas de los priistas no revelan más que un afán de colocarse en un papel de víctimas.
El problema es que con la ley electoral no hay forma de saber si realmente las declaraciones del presidente puedan ser consideradas una falta por parte de los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral. Ya en la elección del 2006 los magistrados apuntaron que el entonces presidente Vicente Fox había puesto en riesgo la elección por hacer declaraciones que no habrían sorprendido a nadie en un país democrático. Si consideramos que el Tribunal Electoral y el IFE han sancionado a un boxeador por llevar un logotipo del PRI en los calzoncillos en una pelea en Estados Unidos, y que una sala regional decidió que esto era motivo para anular una elección municipal mientras que la sala nacional decidió que eso no ameritaba la anulación de la elección estatal, no deberíamos sorprendernos si ahora alguien decide que el presidente Calderón no puede citar una encuesta en una reunión privada.
La culpa no es necesariamente de los consejeros o de los magistrados. La ley electoral mexicana está hecha para reducir al mínimo las libertades individuales, particularmente la de expresión. La censura se aplica no sólo a los ciudadanos, como lo demuestra el caso del pugilista Juan Manuel Márquez, sino también al presidente. La solución no radica en cuestionar a consejeros o magistrados por decisiones que parecen contradictorias cuando no absurdas sino en modificar de manera radical la ley.
Los arquitectos de la legislación han planteado siempre que era necesario sacrificar la libertad para lograr un mayor grado de equidad. Esa equidad, a mi juicio, no se ha logrado. Pero las restricciones a las libertades individuales han generado incertidumbre y una excesiva judicialización de los procesos electorales. Hoy todos los candidatos perdedores apuestan a conseguir que los tribunales declaren la nulidad de las elecciones. Son tantas las limitaciones que establece la ley que siempre hay la posibilidad de que los tribunales les den la razón. Pero aunque no lo hagan, siempre habrá alguna falta no sancionada que llevará al perdedor a declarar que su derrota ha sido ilegítima. Con esto lo único que se logra es restar certeza y legitimidad a los procesos electorales.
No tenemos más opción que sufrir el actual proceso electoral con la ley vigente. Pero es prioridad para la nación, si realmente queremos llegar a ser un país democrático, eliminar la ley mordaza que tanto daño nos ha hecho.
TRABAJADORES
Según cifras de la OCDE citadas por la BBC británica, el griego promedio trabaja 2,017 horas al año, más que cualquier otro europeo e incuso que el alemán, que labora 1,408 horas al año. Pero el alemán promedio es varias veces más productivo que el griego.
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