El gobierno de Chiapas liberó a tres mujeres indígenas acusadas de delitos graves, a quienes se les enjuició sin el debido proceso constitucional, que las confinó a varios años de prisión.
La excarcelación de las mujeres fue realizada por gestiones de la Mesa de Reconciliación, integrada por representantes del Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia del Estado, del Consejo Estatal de Derechos y de organizaciones sociales y campesinas.
Adela Gómez Martínez, Juana Hernández Santis y Adela Ramírez Gómez fueron sentenciadas por los delitos de homicidio y violación.
La Mesa de Reconciliación estableció que fueron enjuiciadas al margen del debido proceso y de las prerrogativas constitucionales: "No sabían leer ni escribir ni tuvieron intérpretes", indicó.
Según el expediente penal 279/2003, Adela Ramírez fue sentenciada a 15 años de prisión por homicidio por parentesco, de los cuales cumplió ocho años. "Cuando la detuvieron no sabía leer ni escribir, aún así la hicieron firmar su declaración sin respaldo jurídico", expuso la Mesa de Reconciliación.
La otra liberada, Juana Hernández, indígena tzeltal, fue condenada a 27 años de prisión, sin la asistencia de un intérprete ni el apoyo en usos y costumbres, de los cuales pasó nueve en la cárcel.
Adela Gómez Martínez fue liberada a un año de cumplirse su sentencia de 10 años de prisión por el delito de violación.
A la fecha han sido liberadas mil 368 personas, mediante la intervención de la Mesa de Reconciliación.
