Un tribunal federal concedió el amparo que deja en libertad por falta de pruebas a Alfredo Chávez Pérez, un caso en el que intervino el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para denunciar que este joven en 2010 fue detenido arbitrariamente por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México y le fabricaron cargos para inculparlo por el delito de robo de auto.
El caso de Chávez Pérez fue documentado por la organización no gubernamental como ejemplo de las deficiencias estructurales del aparato de procuración y administración de justicia en el Estado de México.
En el Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011 "La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado", elaborado por el Centro Prodh, se incluye este juicio "como una muestra de los patrones de criminalización de la pobreza, detención arbitraria y abusos policiacos para realizar acusaciones falsas, ausencia de controles judiciales de legalidad y debido proceso, violación de derechos humanos y reclusión injusta" que se ha detectado en la entidad.
Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, integrado por Antonio Legorreta Segundo, Mauricio Torres Martínez y Rubén Arturo Sánchez Valencia, al revisar el caso detectaron anomalías en el proceso, por lo que concedieron el amparo liso y llano por insuficiencia de pruebas a favor del inculpado, y ordenaron su inmediata libertad.
En un comunicado el Centro Prodh dio a conocer la resolución y destacó que "es importante porque contribuirá a rectificar los errores cometidos por el aparato de procuración y administración de justicia en un contexto como el del Estado de México, en el que la discriminación, la fabricación del delito y la criminalización de la pobreza son prácticas sistemáticas".
Se detalló que desde el momento de su detención, Alfredo fue víctima de violaciones al debido proceso; además, no contó con una defensoría pública adecuada.
El 17 de noviembre de 2010 fue sentenciado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia, quien ante la falta de pruebas fehacientes aplicó indebidamente el principio de "inmediatez procesal" y dio validez al testimonio de la víctima, a pesar de que ésta, ante el juez, declaró no reconocerlo plenamente, condena que ratificó el 31 de enero de 2011 la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla. La condena quedó sin efecto ante el amparo del tribunal federal.
La organización destacó que el caso de Chávez Pérez "es similar a la experiencia sufrida por Víctor Chávez de la Torre, también documentado en el Informe sobre el Estado de México, quien fuera condenado injustamente bajo las mismas circunstancias y de cuyo caso conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre del año pasado".
Recordó que aún están pendientes de resolver los casos de Luis Manuel Vargas Castillo, "también encarcelado injustamente y cuyo proceso se encuentra actualmente en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal"; así como el de Hugo Sánchez Ramírez, un indígena mazahua sentenciado a 37 años de cárcel por secuestro que fue atraído en octubre de 2011 por la SCJN.
